Juan García, experto en justicia juvenil: “Hay que evaluar el sistema y ajustar los programas de intervención y prevención”

El asesinato de una educadora de 35 años a manos, presuntamente, de tres adolescentes de un piso tutelado de la Junta de Extremadura en Badajoz ha conmocionado a la opinión pública por la edad de los supuestos agresores y por cómo se produjo: fue asfixiada con un cinturón y presentaba varios golpes. Son menores que cumplen medidas judiciales y que han sido protagonistas de una noticia casi coincidente con el 25 aniversario de la Ley de Responsabilidad del Menor, aprobada en enero de 2000.

Mucho sobre la materia sabe Juan García García, catedrático del departamento de Psicología de la Universidad de Almería, que acumula cuatro sexenios de investigación centrados en metodología de las ciencias del comportamiento e investigación en justicia juvenil. El experto, que actualmente coordina la Red Iberoamericana de Investigación en Justicia Juvenil, con 18 universidades de una decena de países, considera que el sistema para el cumplimiento de medidas judiciales para menores infractores “hay que evaluarlo y ajustar los programas de intervención y prevención”.

García, también ponente en la jornada '25 años de avance de la Justicia Juvenil en Andalucía', acoge de buen grado la reciente creación por parte de la Junta de un Observatorio de Justicia Juvenil “para que haya un seguimiento más estrecho de lo que va pasando y se puedan anticipar, incluso con medidas preventivas con otras consejerías”, de forma que “contando con diferentes agentes, con profesionales, con las universidades, podamos tener una fotografía mucho más adecuada”. “Como en otros temas, la ley, y por lo tanto el sistema, van siempre por detrás, y por eso es importante observar todo eso y adelantarse a las tendencias que se van viendo”.

“Y la prevención no es solo hacer un programa de prevención. Tiene que acometerse todos los años porque son nuevos los chicos que se incorporan. Las políticas preventivas, y las políticas de evaluación y de investigación que acompañen a esas políticas preventivas, tienen que ser constantes y es muy bueno que sean consensuadas. Lo que pasa es que tenemos muy buenos estudios económicos, tenemos muy buenos datos y estadísticas económicas, muy buenos ordenadores y modelos para los temas económicos, pero muy malos modelos para investigar en el ámbito social”.

“Una implicación política fuerte” para los nuevos temas

Director del Seminario Permanente de justicia juvenil convenido con la Consejería de Justicia y director de las ocho ediciones del Curso de Experto en Intervención con Menores Infractores de la Universidad de Almería, García fue responsable del informe de los diez primeros años de la Justicia Juvenil en Andalucía. Merced a esa dilatada carrera investigadora ha ido viendo esos “cambios de tendencia”, como él comenta. “Está todo el tema de redes sociales, al que habrá que ir anticipándose, y habrá que hablar con Educación. O de las cuestiones de género, de los abusos sexuales, etc. Todo se puede ir trasladando ahí. Y un asunto muy importante, que también ha aumentado su tendencia, son las medidas de salud mental, porque los chavales llegan ya con cierto deterioro y en peores condiciones desde ese punto de vista”.

“Hablamos de trastornos duales, de adicciones, de trastornos generalizados de ansiedad, de depresión. Hay que tener en cuenta que entre los jóvenes, por desgracia, ya se está hablando más del suicidio, siendo una de las causas de muerte más importantes hasta los 19 años. Hay quien ha dicho que incluso nos estamos pasando con la salud mental y que los centros de menores se habían convertido en centros terapéuticos. El planteamiento es si realmente tienen que estar ahí o tienen que recibir otro tipo de tratamiento fuera del sistema”. A su juicio, “salud mental, violencia de género, redes sociales y el tema de las configuraciones de los abusos sexuales son temas que, en realidad, ahora mismo no sabemos muy bien cómo están funcionando y necesitarían una implicación política fuerte, y consenso”. “Aunque en este país no hemos sido capaces de pactar una Ley de Educación en 40 años”, resume.

Para García, el sistema de justicia juvenil “ha evolucionado en Andalucía de manera espectacular. Andalucía ha hecho un gran esfuerzo en adaptar el sistema y en implantar las políticas públicas. Otra cosa, como decía, es su evaluación y seguimiento. Hay que tener en cuenta que, cuando nosotros empezamos, el 40% de las medidas de internamiento se cumplían aquí en Almería. Venían de todas las provincias, porque aquí estaban los centros grandes como el de Tierras de Oria”, donde precisamente también tuvo lugar una tragedia con la muerte del joven Illias Tahiri en 2019, y en los últimos años los recursos se han ido estableciendo en otras provincias para que las medidas se cumplan “en lugares más cercanos a las familias” de los menores infractores.

Un sistema “con márgenes de mejora muy amplios”

“Todo el esfuerzo que se ha hecho en ordenar, en que las políticas de justicia juvenil tengan su procedimiento, su modelo, ahora en informatizar todo, ha ido avanzando hasta tener un sistema en ese sentido muy relevante pese a que en él participan diferentes actores, cada cual con sus propias presiones”, apunta. También señala que algunos recursos “se están reconfigurando” y que, por ejemplo en Almería, “se produce un fenómeno muy curioso que es que, cuando empezaban, los vecinos no querían que los centros los pusieran en su pueblo y ahora lloran porque se lo llevan al haber visto que son fuentes de empleo”.

Respecto al aumento de la externalización de los recursos y centros de menores infractores en Andalucía, el catedrático opina que “hay una tendencia” en ese sentido “como con otras políticas en sanidad, en educación, en dependencia, en limpieza...”. “Yo creo que no es tanto la subcontrata sino que, insisto, se evalúe y se controle la prestación del servicio. Y el control en los servicios públicos del sistema de justicia juvenil tiene muchos filtros: el juzgado, la Consejería, los Defensores... El control de la subcontrata en justicia juvenil es superior al control que se hace en otras políticas públicas, por encima de otros sistemas como puedan ser la educación concertada o algún aspecto de subcontratas en la sanidad”.

En su opinión, el Observatorio creado por la Junta “va a contribuir a esa mejoría y a que haya que rendir cuentas con los datos que se vayan suministrando. Ahora se tienen, pero no los terminan de analizar y no se termina de dar una mirada a lo mejor más externa”. Dice García que la última recomendación que dio la OMS sobre justicia juvenil, en 2019, justo antes de la pandemia, “apuntaba que todas las cuestiones relativas a eso deberían ser evaluadas por entidades externas como la Universidad”.

“El sistema funciona razonablemente bien pero tiene márgenes de mejora muy amplios”, comenta el experto. Según resume, “el marco general del sistema de justicia juvenil que se hizo hace 25 años en España es adecuado. Ha habido reformas, pero todas han sido para endurecerlo, nunca para ablandarlo o establecer otras políticas sociales. Todas las reformas desde el año 2000 han sido para endurecer, y es más duro incluso en algunos aspectos al de los adultos, en contra de lo que se pueda pensar, pero tiene su propia forma de operar”.

Jóvenes e igualdad

Teniendo también en cuenta el reciente suceso en la localidad sevillana de Gerena, el experto aboga por no dejar de lado algunas cuestiones. “Si abandonamos la educación afectivo-sexual en los colegios, o está siempre en cuestión, que si el pin parental, que si no sé cuánto, pues al final nadie quiere meterse, nadie quiere meter el programa, nadie se atreve, etc. Y hay cosas que no se deben de abandonar nunca, que tienen que estar en determinados consensos”.

Respecto a la igualdad entre hombre y mujeres, y el discurso machista entre parte de la juventud en los últimos años, García traslada sus “impresiones”: “Ese debate de cuestionamiento les llega porque está en redes sociales, que no es que sean causa sino que son el medio. La mayoría de los jóvenes en el tramo de edad de la adolescencia no se informa por los cauces oficiales o por los telediarios, pero eso está claro. Son capaces de tragarse incluso entrevistas en profundidad de sus influencers y a veces con un hilo argumental, con más tiempo para exponerlo. En Psicología sabemos que lo más importante es tener un relato coherente”.

La traslación de esas consideraciones relativas a la igualdad al ámbito delictivo de los jóvenes infractores ha aumentado, es decir, “los delitos de violencia de género han crecido pero porque antes prácticamente no existían”. En todo caso, “hay que analizar mucho más esa tendencia que parece que emerge en los últimos años, porque el machismo puede crecer pero también habrá chicas bien informadas que no toleran ni media de lo que a lo mejor hace 15 años no pasaba nada”. “Ahí hace falta una investigación fuerte y sistemática, porque las encuestas te dicen una cosa pero en un momento puntual”.

Esos debates de género y otras cuestiones relativas a los jóvenes o a la situación política “son tendencias internacionales, no solo de España, que a veces tendemos a darnos golpes de pecho y decir que somos especiales. Ni la polarización política ni los debates de género ni el racismo, etc., cada uno con su particularidad”.