El colectivo Madres Viva denuncia que la violencia vicaria “suele ir unida de la violencia institucional”

Las instituciones son muchas veces cómplices de los hombres que agreden a sus mujeres e hijos, ha denunciado este viernes en comisión parlamentaria María Fernanda Santana, portavoz del colectivo Madres Viva (Valientes, Insistentes, Veraces y Amorosas).

María Fernanda Santana ha comparecido para hablar de la lucha contra la violencia vicaria, que es la que un maltratador ejerce sobre sus hijos para hacer daño a la madre, y ha pedido a los diputados que no las abandonen y hagan pensar qué han hecho mal al confiar en ellos.

La portavoz de Madres Viva entregó a los diputados un escrito para mostrar parte de la realidad que viven, y ha comentado que este colectivo lo forman 50 mujeres en Canarias pero hay decenas que viven situaciones de violencia, de forma que en el último informe del Defensor del Pueblo, de noviembre de 2024, se dice que prácticamente no hay datos estadísticos sobre una realidad que se vive puertas adentro.

Ha insistido en que la violencia vicaria y la institucional “suelen” ir unidas, de forma que los sistemas legal, educativo, sanitario y familiar se han convertido en “cómplices” de los maltratadores y agresores sexuales de sus hijos, de los “verdugos”, algo que ha considerado inmoral y absolutamente inaceptable.

El sistema, ha proseguido la portavoz de Madres Viva, se llama juez, abogado, trabajador social, y ha criticado que muchas veces se da más importancia al padre de familia, al que ha pedido que se ponga en cuestión cuando es un maltratador, que al interés superior de la infancia.

María Fernanda Santana ha denunciado que hay pediatras que no activan las alarmas cuando las madres les cuentan lo que dicen sus hijos, así como médicos de familia que, por carencias de especialización, recetan ansiolíticos y antidepresivos antes de remitir a los servicios de salud mental.

Un servicio éste último al que ella pidió atención durante ocho años, y ha recordado que en la ley de protección de la infancia y la adolescencia, aprobada en 2021, se dice, entre otras cuestiones, que las instituciones, además de tener la obligación de tomar medidas de prevención, tienen las de revisar el funcionamiento del sistema de protección a los menores.

Una revisión que no se hace, ha aseverado la portavoz de Madres Viva, quien ha subrayado que las instituciones “no cumplen la ley y no pasa nada”, de forma que el derecho de los menores a tener una infancia libre de violencia “se viola, sin que haya consecuencias para los maltratadores y sus cómplices”.

Por ello, las víctimas se sienten desamparadas y se resiente su salud, algo que repercute de forma negativa en sus trabajos y produce heridas emocionales que cuesta muchos años reparar y, ha recordado, no tienen dinero para pagar la atención psicoterapéutica que precisan.

Ha apostillado que la violencia institucional también se produce cuando se mantiene la custodia a los maltratadores aunque haya una denuncia por agresión sexual y violencia, y ha denunciado asimismo los comentarios de desprecio y amenazas que reciben en los centros de encuentro.

María Fernanda Santana se ha referido además a que se fuerza a niños para que quieran a sus progenitores obviando que son maltratadores, y que hay carencia tanto de formación especializada para hacer informes psicosociales como en materias de igualdad, además de “represalias” por manifestar sus opiniones, ya que no hay un sistema de evaluación anónimo en los puntos de encuentro familiar.

La portavoz de Madres Viva ha dicho asimismo que es preciso trabajar contra las ideas machistas en las que se socializa, y se ha referido a que nada justifica levantar la mano a un niño, pero ha recordado que también hay maltrato psicológico, que es más sutil.

María Fernanda Santana ha apuntado que apenas hay datos sobre violencia vicaria en Canarias, de forma que, ha añadido, el número de víctimas vivas no se sabe porque muchas veces no se es consciente de que se es víctima de violencia psicológica.