El PP quiere que Cantabria pueda llamar a la UME en cualquier situación de emergencia

La Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria alterará las disposiciones estatales para reclamar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en cualquier circunstancia, una demanda que está regulada por Decreto Ley. Esta intención del PP cuenta con la oposición de la Delegación del Gobierno de España y viene precedida por la polémica política desatada en Valencia por la responsabilización del Estado en el papel que llevó a cabo la UME en la DANA.

El Gobierno del PP que preside María José Sáenz de Buruaga ya reclamó la intervención de la UME cuando desapareció recientemente en Picos de Europa un montañero de 23 años a finales de diciembre, que fue localizado cuatro días después por el operativo ordinario que se puso en marcha desde la propia Comunidad.

La petición de búsqueda por la parte de la UME fue rechazada por la Delegación del Gobierno en virtud de que el nivel de la emergencia no justificaba tal petición. Un informe de la Guardia Civil, que dirigía el mando del dispositivo de la búsqueda, aseguraba “tener efectivos suficientes y capacidad de incrementar los medios y efectivos” por lo que señaló en aquel caso que “no se consideraba necesario la incorporación de la UME”.

La enmienda del PP a su propia Ley de Simplificación Administrativa pretende ahora reformar el texto y, de paso, modificar la legislación estatal para que Cantabria pueda llamar a la UME en una situación de emergencia ordinaria. Independientemente del alcance operativo de recurrir a la UME en cualquier situación, la propuesta puede entrañar un recurso de inconstitucionalidad por invasión competencial del Estado. Esto ya ha pasado en otras ocasiones y recientemente el propio Tribunal Constitucional ha suspendido temporalmente la entrada en vigor de la derogación de la Ley de Memoria Histórica autonómica por igual motivo.

El cambio legislativo de la normativa de Protección Civil que pretende el Gobierno de Buruaga lleva el mismo camino. El portavoz socialista en el Parlamento de Cantabria, Pablo Zuloaga, ya ha advertido de varias disposiciones de la Ley de Simplificación que pueden acabar en el Constitucional, no solo por lo dispuesto para situaciones de emergencia, sino en otros campos como en el de la normativa en materia de Igualdad.

Ante este escenario, el trámite de la Ley de Simplificación ha sido enmendado por los socialistas en lo tocante a estos casos, enmiendas que no tienen visos de prosperar dado el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, quienes suman mayoría suficiente como para aprobar dicha ley.

Cambio propuesto

La enmienda del PP a la Ley de Simplificación modifica una disposición de la normativa cántabra sobre Protección Civil, pero afectando a lo regulado en el ámbito nacional. Establece tres niveles de emergencia (situaciones operativas 1, 2 y 3), modulando el grado de riesgo, de un riesgo moderado, el primero; grave, el segundo; y de carácter nacional, el último. Los dos primeros se combaten con medios propios, ordinarios o extraordinarios, y si la gravedad lo requiere puede solicitarse la intervención de efectivos de la UME a partir de la situación 2, pero no en la 1.

La posición del representante del Estado en Cantabria, la Delegación al Gobierno, es taxativa al respecto: no se ajusta a la normativa básica (RD 524/2023), ya que “los medios extraordinarios del Estado solo se pueden solicitar cuando en un Plan de Protección Civil esté activada la Situación Operativa 2 y no ”cualquiera que sea la situación operativa“.

En estos términos ha alegado la Delegación, sin éxito, y también en estos términos ha enmendado el PSOE el trámite de la Ley de Simplificación. Los socialistas quieren reconducir la propuesta para que no colisione con la normativa estatal, es decir, que la UME pueda ser convocada solo a partir de la situación operativa 2.

Como no prosperará, lo más seguro es que Cantabria regule la intervención de efectivos estatales del siguiente modo, algo sobre lo que puede acabar pronunciándose el TC:

“En la fase de emergencia se contemplan tres situaciones operativas diferentes:

Invasión de competencias

El exsecretario general de los socialistas cántabros y actual portavoz parlamentario del PSOE ya ha advertido en varias ocasiones sobre la modificación de la normativa de Protección Civil para, a su juicio, “legislar sobre el papel el modelo de Carlos Mazón de gestión de las emergencias, que ha sido nefasto en Valencia”.

Se refiere con ello al presidente de la Generalitat Valenciana, en el ojo del huracán desde hace meses por su papel en la gestión de la DANA del 28 de octubre. En el contexto de esta tragedia, Generalitat y Estado se han cruzado acusaciones de responsabilidad por su papel esos días.

El Gobierno autonómico ha intentado en ocasiones responsabilizar al Ejecutivo central de la respuesta cuando fue este el que ofreció en varias ocasiones a Mazón el despliegue de la UME, rechazándola en tres ocasiones. Lo que disponga la normativa, de este modo, acaba siendo determinante a la hora de delimitar responsabilidades.

Ahora, en Cantabria, el Gobierno de Buruaga pretende que se pueda solicitar al Estado medios como la UME en cualquier momento de la emergencia y no en el nivel 2, como establece el Decreto Ley vigente. “No solo va contra una ley de rango superior, sino que convierte en un problema algo que hasta ahora no ha sido un problema en Cantabria”, ha valorado el portavoz socialista, Pablo Zuloaga.