Esther Castanedo, magistrada: “Hay una justicia patriarcal porque la sociedad española es todavía patriarcal”

Hay lugares a los que se llega por mérito y capacidad. “No por ser mujer”, puntualiza Esther Castanedo. Aunque, siéndolo, ascender en la carrera judicial es mucho más complicado. La nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cantabria mantiene intacta la vocación que la impulsó a ser juez: poder cambiar la sociedad. Está fuertemente implicada en la defensa de la igualdad y considera necesario evitar los sesgos en los jueces democratizando más su acceso. De hecho, desde la Asociación de Jueces por la Democracia a la que pertenece, todos sus compañeros jueces preparan gratuitamente a las personas que no tengan recursos suficientes para ello.

Esther Castanedo (Santander, 1975) considera que a la imagen de los jueces no ayuda el hecho de que en los medios de comunicación se hable más de lo que ha hecho el juez que del asunto en sí, y aboga por recuperar la figura del portavoz del Consejo General del Poder Judicial para que explique los asuntos más mediáticos a la opinión pública. “Hay una justicia patriarcal porque la sociedad española es todavía patriarcal”, reconoce.

¿Se imaginaba ya de pequeña que llegaría a ser jueza? ¿Siempre tuvo esa vocación?

Llegó un poco sobrevenido. No sabía lo que quería estudiar y cuando me metí a la Facultad de Derecho acerté, estuve encantada. Me encanta el Derecho y me encanta venir a trabajar, sobre todo, el Derecho administrativo. Fue al final de la Facultad cuando pensé que quería hacer algo para cambiar la sociedad y creo que siendo juez tengo esa herramienta para poder cambiarla y para poder cambiar también la imagen de la judicatura, que ha cambiado ya mucho en los últimos diez años. Ya no sueles encontrarte solo a jueces hombres mayores. La piedrita que yo he aportado de juez, mujer y más joven y que además estoy siempre dispuesta a hacer pública la actuación de la justicia. Me gusta colaborar con los medios de comunicación, me gusta recibir a la gente cuando se hacen jornadas de puertas abiertas, colaboro con la Universidad y con un programa que se llama 'Educando en Justicia' en los institutos, en el que pretendo que no vean la imagen de un juez alejado de los ciudadanos e inaccesible, porque somos personas, al fin y al cabo, pero profesionales.

Los magistrados y jueces están en el punto de mira con la instrucción de procesos que afectan a la clase política porque se interpreta que algunos se han involucrado excesivamente en su función acusadora o investigadora. ¿Considera que la justicia está perdiendo prestigio social?

Creo que a los jueces no nos ayuda el hecho de que en los medios de comunicación se hable más de lo que ha hecho el juez que del asunto en sí. Que se hable más de lo que ha hecho el juez que presidió el jurado del 'caso Rubiales' que de lo que había hecho el señor Rubiales no nos favorece. También es cierto que a veces estas noticias son más apetitosas y los medios de comunicación las prefieren. Ponen el punto de vista en los jueces. No quiero decir que todos los jueces lo hagan bien. De hecho, reclamo que los jueces sigamos formándonos sobre cómo dirigir un juicio, hablar con las víctimas, atender a los medios de comunicación... Pero también reclamo que los medios de comunicación respeten a la justicia y en este sentido pediría al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a su presidenta que instaurasen la figura que antes existía de portavoz del CGPJ que explicaba los asuntos más mediáticos en los medios de comunicación y además ayudaba a los jueces en cualquier tipo de ataque que hubiesen tenido en los medios de comunicación.

Hemos visto recientemente el interrogatorio del juez a la actriz que denunció por acoso sexual a Iñigo Errejón. ¿Están preparados los jueces para abordar asuntos relacionados con violencia de género contra las mujeres?

La escuela judicial ya forma a los jueces para poder atender a los profesionales -abogados, procuradores- y a los ciudadanos que vienen al juicio y luego además el CGPJ tiene la joya de la corona que es el servicio de formación. Todos los jueces tenemos a nuestro alcance un sinfín de herramientas de información y el CGPJ se ocupa de que los jueces, ya no que sean hombres o mujeres, mayores o menos mayores, sino que los jueces que van a estar ocupando estos juzgados especialmente sensibles, que son juzgados de instrucción, juzgados con materia de violencia de género que ahora van a asumir las competencias de delitos sexuales, hagan una formación especial a la hora de tratar a este colectivo especialmente vulnerable. Se está haciendo y se tiene que seguir haciendo.

La crítica a los jueces se suele tomar como un ataque a la justicia. ¿Hay poca autocrítica en el propio estamento judicial?

Todas las instituciones están en crisis, estamos viviendo un momento malo. Pero apoyándonos en las cifras, veo que cada vez aumenta más la litigiosidad en España. Es un dato que a mí me encanta, que la gente cuando tenga problemas acuda a los jueces porque esto significa que tienen confianza. Yo en este aspecto me siento muy reforzada y muy apreciada por la sociedad, pero luego efectivamente siempre hay críticas cuando a una persona no le das la razón y además le cuesta dinero y tiempo. La justicia es lenta, los medios materiales son insuficientes y creo que esto es un panorama que puede mejorar. A finales de año se termina de implementar una nueva Ley de Eficiencia Procesal que va a modificar la estructura judicial que actualmente está absolutamente desfasada. Un juez con un juzgado en cada pueblo era muy lógico antes, pero ahora con las telecomunicaciones es un sistema obsoleto, caro de mantener, difícil de crecer. Van a racionalizarse los medios, a sacarse más plazas de jueces por menos dinero porque no va a hacer falta crear un juzgado entero, que es una reivindicación que lleva 21 años haciéndose. Creo que las críticas cada vez van a ser menos porque la principal es la de la tardanza.

Pero a los ciudadanos les asusta recurrir a la vía judicial por los costes que puede suponer, les asusta perder dinero y a veces no se atreven a reclamar en los tribunales.

Yo llevo muy poco siendo presidenta, pero precisamente estos días en la Sala de lo Contencioso Administrativo hemos firmado un acuerdo, no jurisdiccional, sobre imposición de costas y materia de costas. Establecemos criterios de cuándo va a haber condena o no y cuantías máximas. Son criterios generales que se adoptarán como regla general en el 99 por ciento de los casos, por lo que la regla general será que todos los ciudadanos van a saber de antemano cuánto le va a costar el pleito si pierde, se les va a poder informar: “mira, si pierde, este va a ser el máximo”. Es un criterio que ya se ha adoptado en muchísimos tribunales de justicia de otros territorios del Tribunal Supremo, un criterio que tendría que hacer el legislador, el Parlamento, pero lo están haciendo todos los territorios y va a ser muy bien acogido porque da seguridad y transparencia. Los juzgados de primera instancia ya tienen un acuerdo similar.

Los jueces responden al principio de imparcialidad, pero en la cúpula del poder judicial se sientan aquellos nombrados por los partidos políticos y que, por lo general, resuelven ciertos asuntos públicos desde el prisma del progresismo o del conservadurismo que les ha designado. ¿Es necesario una fórmula diferente de elección del gobierno de los jueces?

Los jueces somos imparciales e independientes y además responsables. Es cierto que el órgano de gobierno, el CGPJ, ha sido muy criticado. Ahora tenemos un nuevo consejo que, entre sus funciones, tiene que modificar legalmente la forma de elección. Creo que es necesario y que además este nuevo consejo tiene una composición muy equilibrada y son bastante conscientes de este problema y sí que van a alcanzar una buena función modificando el sistema de elección de los vocales.

¿Qué sistema podría adoptarse?

Hay muchos sistemas diferentes: la elección por parte de los propios jueces, elección íntegra por parte del Gobierno…

¿Convendría evitar sesgos en el propio acceso a la carrera judicial?

Opositar para ser juez es muy caro. Tienes que pagar un preparador, unos temarios, viajes a Madrid para hacer los exámenes y estar allí varios días. Además, son una media de tres o cuatro años en los que tú no aportas nada a tu familia, que te ha estado pagando la carrera universitaria y que hasta los 26 o 27 años vas a seguir siendo una carga familiar. Hay familias que se lo pueden permitir y familias que no. Desde la Asociación de Jueces por la Democracia, todos mis compañeros jueces que son preparadores lo hacen gratuitamente a las personas que no tienen recursos suficientes para ello. Hay una bolsa de preparadores en toda España. En todo caso, también se va a modificar el sistema de becas que hay hasta ahora y se va a modificar el sistema de acceso a la carrera judicial. Ya hay un proyecto para modificar el sistema de oposiciones, que no sea tan memorístico, que sea más accesible a la forma actual de estudiar en la Universidad. Tiene que cambiar el sistema de acceso porque además hay muy poca bolsa de opositores a jueces. Para otros cuerpos de funcionarios, no. La gente quiere ser funcionaria, más en época de crisis. Pero para oposiciones tipo juez, notario, registradores... hay menos. Va a ser más sencillo aprobar y animo a todos los estudiantes de Derecho porque con la instauración de los nuevos tribunales de instancia va a haber un incremento de plazas. Se va a facilitar el proceso no solamente para las personas con menos capacidad económica, sino para todas las personas. Les animo porque es una profesión preciosa.

Tenemos las mismas características que la sociedad, pero cada vez somos más conscientes de las deficiencias y eso está cambiando

¿La justicia es patriarcal, como a veces se reprocha?

Hay una justicia patriarcal porque la sociedad española es todavía patriarcal. Tenemos las mismas características que la sociedad, pero cada vez somos más conscientes de las deficiencias y eso está cambiando. No solamente porque cada vez somos más las mujeres juezas, sino porque además son más las mujeres parlamentarias que están elaborando las leyes, cada vez hay más mujeres en política, incluso la formación de los hombres ha cambiado sustancialmente.

El número de magistradas en órganos colegiados ha aumentado en casi diez puntos en la última década. Las mujeres suponen ya el 57,2 por ciento de la Carrera Judicial. Pero el porcentaje de magistradas en los órganos colegiados (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales) es menor.

En órganos colegiados y en los nombramientos discrecionales. El problema es que cuando accedemos a la carrera ya tenemos edad para tener hijos, para tener familia. Estás en el primer destino, que siempre es el más difícil, muy complicado y con mucha carga de trabajo, para hombres y para mujeres. Yo comencé en un juzgado de Laredo en el que tenía juicios civiles, penales, violencia de género, registro civil, guardias semanales... Se te junta con la crianza, no puedes colaborar con la Universidad, no puedes escribir artículos, no puedes hacer formación. La mayoría de las mujeres se estancan en ese primer juzgado mientras que quienes no tienen menores ni mayores dependientes a su cargo pueden hacer currículo, de tal manera que son los que acceden luego a los órganos colegiados: Audiencias Provinciales, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Nacional, que son puestos mucho más cómodos, en los que sigues formándote y haciendo currículo y así puedes acceder a puestos de nombramiento discrecionales, como el mío. Este nombramiento es a base de mérito y capacidad, así que solo pueden presentarse los que han hecho currículo.

¿Cómo se puede actuar para evitar esa situación?

Ahora mismo el CGPJ tiene un observatorio -hay una vocal, Isabel Erice, encargada de estos temas- que ha hecho una encuesta y están haciendo entrevistas a mis compañeras juezas buscando las causas de por qué las mujeres no nos presentamos a estos nombramientos discrecionales. Y no lo hacemos porque la mayoría no tiene currículo suficiente porque no ha tenido tiempo para hacerlo y en segundo lugar porque ya desde el principio estás agotada en la carrera y ya no quieres asumir más funciones ni más responsabilidades porque lo que quieres es llegar a casa y descansar. Esto es muy preocupante y se están intentando poner en marcha medidas correctoras. Yo soy miembro de la REDUE, de la Red de Expertos de Derecho de la Unión Europea, somos quince jueces en toda España, y cuando empecé a hacer el currículo para ser parte de esta red, que también depende del CGPJ, sí que me puntuaron el hecho de tener niñas menores de doce años a mi cargo, de ser cuidadora. ¿Es una medida suficiente? No. Discrimina al que no tiene hijos y a las mujeres que deciden no tenerlos.

Usted además recalca que no ha llegado a presidir la Sala de lo Contencioso por ser mujer.

Yo quiero que se sepa que se llega no por mujer, sino porque ahora las mujeres estamos muy preparadas y nos lo merecemos. Pero no nos hemos empezado a formar ahora en el año 2025. Desde que empecé la carrera en el 2003 conozco a mujeres muy capaces y muy buenas que se han presentado a cargos y no se las ha nombrado. Parece que ahora ya nos damos cuenta de la necesidad de la paridad, pero llega muy tarde. Tenía que haber venido antes. Y, después, una anécdota: cuando tomó posesión la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo que es una mujer relativamente joven, guapísima y muy elegante con un traje de chaqueta blanco, me acuerdo porque salió en la prensa lo guapa que iba con el traje. Diez años antes había tomado posesión el anterior presidente, Carlos Lesmes, que es un hombre y que va siempre muy elegante, pero nadie hizo ningún comentario. Ni siquiera tengo la imagen de cómo iba vestido.

En su discurso de toma de posesión ha dicho: “Quiero implantar un sistema de trabajo moderno y aprovechar las herramientas informáticas a nuestra disposición. Desde el punto de vista externo pretendo reforzar la idea de un Tribunal que funcione como una única Sala y que así sea identificado”. ¿En qué consisten concretamente estos cambios?

Que no seamos cuatro jueces trabajando juntos, sino que seamos un verdadero Colegio, que todas las decisiones sean homogéneas y todas las respuestas sean similares ante idénticos supuestos. De tal manera que se refuerce la idea de seguridad jurídica y que los profesionales y los ciudadanos ya sepan aproximadamente que tipo de respuestas damos para los mismos supuestos.

Uno de los objetivos de mi Presidencia es intentar solucionar este problema de los derribos que socialmente es terrible en Cantabria

Asume la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, un observatorio que dirime conflictos urbanísticos. En Cantabria ha sido especialmente relevante el tema de los derribos de viviendas ilegales. Cientos de inmuebles condenados a la piqueta. La mayoría se concentran en los mismos ayuntamientos: Argoños, Arnuero, Piélagos… y muchos propietarios compraron una casa con todos los permisos legales. ¿Por qué no hay responsables?

Estas sentencias de derribo tienen 25 años. Generalmente, los responsables fueron los ayuntamientos del momento, muchos arquitectos y alcaldes de municipios fueron a juicio y resultaron condenados, pero fuera de la responsabilidad penal en la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo que se condenó fue al derribo. Los ayuntamientos de hoy en día, herederos de esas sentencias, muchas veces no tienen capacidad económica para demoler. Hay un caso más sangrante que es el de Marbella, que es ilegal prácticamente entera, habría que tirar toda la ciudad. Son situaciones difíciles, pero quiero precisar que a parte de los intereses económicos, del derecho a la vivienda, de los intereses paisajísticos y ecológicos, todos estos son derechos pero solamente hay uno fundamental, especialmente protegido aquí, que es la tutela judicial efectiva en la necesidad de que las personas que ganaron una sentencia de derribo vean satisfecho ese derecho. Por lo tanto, uno de los objetivos de mi Presidencia es intentar solucionar este problema de los derribos que socialmente es terrible en Cantabria.

También está el caso de la demolición de la estación depuradora de Vuelta Ostrera, que lleva años funcionando siendo ilegal. ¿Qué sentido tiene tanta dilación en cumplir las sentencias?

Este retraso en cumplir las sentencias supone que muchos de los edificios que había que derribar era porque afectaban al paisaje, que en 25 años y en la costa de Cantabria ha cambiado muchísimo. Pero se tiene que seguir protegiendo el paisaje. La dilación supone una dificultad en la ejecución de las sentencias.

Como mencionaba antes, también es miembro de la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE). ¿Qué trabajo se desarrolla en este foro?

Para los ciudadanos supone tener jueces más formados. El objetivo más importante es formar a los jueces en el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, cuando los jueces vemos que una norma española puede no ser conforme con la interpretación del Derecho de la Unión Europea planteamos una cuestión y se puede anular la norma española, podemos dejarla de utilizar. Cuando no se utiliza bien por parte de los compañeros da lugar a sentencias del Tribunal Europeo muy conflictivas, como la primera sentencia de funcionarios interinos que establecía que el Estado debía convertirlos en fijos. El problema es que no estaba bien planteada la cuestión por parte del juez nacional, con la repercusión que luego ha tenido.