El PP reduce drásticamente el umbral de ingresos para optar a la ayuda al alquiler en Cantabria: “Los recursos son limitados”

En plena de crisis de acceso a la vivienda en todo el territorio nacional, el PP ha recuperado en Cantabria las ayudas al alquiler con carácter general en una nueva convocatoria que aumenta el límite del precio del piso de 500 a 700 euros mensuales. Sin embargo, el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga ha reducido en un 67% el umbral de ingresos para acceder a la misma respecto a la última línea de ayudas de estas características, la de 2019.

Y es que la presente convocatoria, abierta desde finales de enero, establece como requisito para optar a ella que los ingresos anuales del solicitante no superen en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, los 25.200 euros. Por su parte, en 2019, el límite llegaba hasta los 75.600 euros, ya que entonces se establecían diferentes umbrales en función del número de convivientes y esta era la cantidad máxima.

Ahora, el PP ha eliminado esos tramos y el límite de los 25.200 euros es el mismo independientemente del número de miembros que residan en la vivienda. El decreto dice así: “Que la suma total de las rentas anuales de las personas que tengan su domicilio habitual y permanece en la vivienda arrendada o cedida, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento o de cesión, sean iguales o inferiores a 3 veces el IPREM”.

A preguntas de este periódico, desde la Consejería de Vivienda que dirige Roberto Media (PP) han justificado esta decisión en que las horquillas de ingresos máximos de la anterior convocatoria tenían “unos coeficientes correctores” que indicaba el Real Decreto Estatal que, a su entender, “eran desorbitados”. En este sentido, el director general de Vivienda, Carlos Montes, ha puesto el foco en que los recursos “son limitados”.

“A la hora de diseñar las condiciones de la nueva convocatoria se ha decidido, producto del pulso diario con los ciudadanos que se acercan a la Oficina de Vivienda, intentar ayudar al mayor número de personas posibles con rentas bajas -los recursos, como todos sabemos son limitados-, e intentamos llegar al estrato de ingresos más bajo”, ha explicado. Se trata de un argumento, el de que los recursos son finitos, que también ha empleado recientemente el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), en el contexto de la reivindicación salarial de los docentes.

Montes ha querido dejar claro, además, que el requisito de computar conjuntamente los ingresos de todos los convivientes y que no superen los 3 IPREM “respeta escrupulosamente lo que fija el Real Decreto del Plan Estatal que dicta el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana”. Así todo, se ha abierto a valorar en el futuro si modificar los requisitos económicos de acceso.

“Si producto del desarrollo de la ayuda, y siempre y cuando tengamos concedida la ayuda a ese estrato poblacional de renta más baja, se podrá valorar si modificar los requisitos económicos de acceso, para lo cual deberemos contar con el visto bueno del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que es, al fin y al cabo, el que establece los requisitos de renta mínima”, ha apuntado el director general.

Asimismo, ha detallado cuestionado por elDiario.es la cuantía de la ayuda: son seis millones y medio para este año, y 41 para el total de los cinco años que durará. Además, ha puesto en valor que su departamento ha incrementado del 40 al 50% la ayuda máxima a percibir, y que en el caso de jóvenes de entornos rurales llega al 60% en lugar del 50% anterior.

En esta convocatoria, al igual que en otras, se establecen umbrales distintos para determinadas circunstancias especiales. Así, el límite será de 4 veces el IPREM si se trata de una familia numerosa de categoría general, de personas con discapacidad o víctimas de terrorismo, y de 5 veces el IPREM cuando se trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33%.

Esto ya ocurría en la línea de ayudas de 2019, donde también había umbrales distintos en función del número de convivientes, de manera que frente a un límite máximo de ingresos de 42.000 euros de la presente convocatoria, entonces ascendía hasta los 126.000 euros si eran cuatro miembros en una familia numerosa de categoría especial o en personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33%.

Así pues, seis años después y en un contexto de precios de alquileres disparados -especialmente en Cantabria, territorio peninsular con mayor incremento de pisos turísticos desde la pandemia-, el PP ha rebajado sustancialmente el baremo de ingresos en todos los casos, teniendo en cuenta además que el poder adquisitivo de la mayor parte de la población también se ha visto mermado como consecuencia de la inflación.