Secuelas políticas de una intempestiva 'sobrada' en Castilla y León

Sobre el papel, el presidente de la Junta de Castilla y León anduvo ágil de reflejos al cesar fulminantemente a la directora general de Salud Pública tras las deplorables manifestaciones de Sonia Tamames minimizando los letales efectos del Covid-19 en Castilla y León. Pero tampoco es para sacar pecho. Primero, porque no había otra opción, so pena de asumir un desgaste político absolutamente innecesario. Segundo, porque queda la duda de si ese cese se hubiera producido de no mediar la repercusión nacional que rápidamente alcanzó esa increíble salida de pata de banco.

El asunto se podría dar políticamente por zanjado si no fuera por algunas secuelas que pueden traer cola. De un lado, el episodio ha puesto sobre el tapete el papel de la televisión autonómica de titularidad privada que, subvencionada por la Junta con más de 20 millones de euros anuales, opera en régimen de monopolio en Castilla y León. Una televisión, que al borrar un tuit que reproducía las polémicas declaraciones de Tamames, delataba su dependencia/connivencia con el gobierno de Fernández Mañueco.

Ello justo cuando el peculiar estatus de dicha televisión estaba ya en el punto de mira de la oposición, especialmente de dos partidos tan distantes como Vox y Podemos, que consideran inaceptable el servilismo político que rinde al PP una televisión que, pese a sostenerse gracias a una multimillonaria inyección de dinero público, no está sometida a ningún control parlamentario.

Sucede que en estos momentos está en tramitación en las Cortes de Castilla y León la reforma de la Ley de Publicidad Institucional (LPI), de la que pende el contrato-programa a través del cual la Junta viene subvencionando con más de 20 millones de euros anuales a Televisión Castilla y León, el canal que explotan al 50% los dos principales grupos mediáticos de la comunidad: Promecal (Méndez Pozo) y Edigrup (Ulibarri). Y Vox ha presentado una enmienda que propone la designación parlamentaria de un Consejo que se ocuparía de “velar por la independencia de la información difundida y promover la neutralidad editorial” en lo referido a las funciones de servicio público“ que justifican su financiación por la Junta. Un Consejo integrado por profesionales relevantes en el ámbito del sector público o del mundo audiovisual o la comunicación, que emitiría un informe anual verificando si la programación emitida cumple las funciones de servicio público encomendadas y que además estaría capacitado para intervenir en el nombramiento del personal directivo, pudiendo promover incluso su destitución. Un órgano de control en toda regla orientado a evitar que el PP siga ”manejando por la puerta de atrás“, que diría el ínclito Ignacio Cosidó respecto al Poder Judicial, una televisión autonómica de titularidad privada cuyos mayores ingresos proceden directamente de las arcas públicas de la comunidad.

La batalla emprendida por Vox no es baladí. Otros partidos y procuradores de las Cortes coinciden en denunciar que la televisión en cuestión viene siendo objeto de una descarada instrumentación partidista al servicio del PP. Con ocasión de las desdichadas declaraciones de Sonia Tamames, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, promotor en su día de la reforma de la LPI, ha calificado de “Telemañueco” al canal autonómico, criticado asimismo en términos muy duros por el exvicepresidente de la Junta y actual procurador del grupo mixto, Francisco Igea.

Las muchas ronchas levantadas por la línea informativa de RTVCyL se pusieron de manifiesto el pasado mes de diciembre durante el debate de la toma en consideración de la reforma de la Ley propuesta por Podemos. En ese debate, el exvicepresidente de la Junta y en ese momento portavoz parlamentario de Vox, Juan García-Gallardo, que se supone que sabía de lo que hablaba, fue muy explícito: “Si el señor Mañueco se quiere comprar un director de televisión que lo haga con su dinero”, llegó a decir el ex número dos del gobierno Mañueco, quien, por si fuera poco, aseguró que “hay periodistas y columnistas de periódico que escriben al dictado de los jefes de prensa de la Junta” (sic). Por parte del grupo socialista, la entonces secretaria de Organización del partido y de momento todavía vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, tampoco ocultó en ese debate su malestar con el canal autonómico, posición compartida obviamente por Luis Tudanca.

Lo que está por ver es si el nuevo jefe de filas del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, lo tiene tan claro como para apoyar una reforma legislativa que, amén de poner en el disparadero a la compañía titular del canal (para mayor inri, Promecal se encuentra en preconcurso de acreedores), tiene en vilo al PP de Mañueco, que ya se quedó solo en el veto a su toma en consideración y después ha fracasado en su intento dilatorio de prorrogar el plazo para la presentación de enmiendas. Veremos qué posición marca Martínez, al que Edigrup, grupo editor de un diario en Soria, ha venido regalándole los oídos desde que vislumbró su propósito de postularse para suceder a Tudanca.

La otra inconveniencia de la 'sobrada' de Sonia Tamames ha sido la de remover, ahora que se van a cumplir cinco años, la controvertida gestión de la Junta sobre la pandemia. A diferencia de la que está montada en Madrid, donde a Isabel Díaz Ayuso le perseguirán mientras viva las 7.291 muertes por Covid registradas en residencias de ancianos, incomprensiblemente en nuestra comunidad se ha pasado página política sobre el asunto. Y ello pese a que en Castilla y León, tal como desveló en su momento elDiarioCyL, durante la peor ola de la pandemia, entre mediados de marzo y mediados de abril de 2020, estuvo en vigor un protocolo muy similar al de la Comunidad de Madrid, con instrucciones muy precisas de que los enfermos contagiados en las residencias no fueran trasladados a los hospitales. Un mes aquel durante el que fallecieron en las residencias de Castilla y León alrededor de dos mil enfermos de Covid, un desastre que no pudo ser investigado en las Cortes al oponerse el PP y Ciudadanos a la comisión solicitada por todos los demás grupos parlamentarios.

Resulta obvio de que al gobierno de Fernández Mañueco no le interesa nada remover ese pasado, máxime cuando el protocolo antedicho fue firmado conjuntamente por el entonces gerente del Sacyl (de Ciudadanos) y por el exgerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, este último en la actualidad secretario general de la Consejería de Familia. Desaparecida de la escena política la entonces consejera de Sanidad, Verónica Casado, así como el partido a través del que llegó al cargo, remover aquel episodio podría poner en la picota nada menos que a la actual vicepresidenta única de la Junta, Isabel Blanco, quien, como consejera de Familia, dio su visto bueno a la firma de aquel funesto protocolo.

En suma, flaco favor le han hecho a Mañueco la exdirectora general de Salud y la televisión de bolsillo en la que perpetró las intolerables declaraciones que le han costado el puesto.