El plan de vivienda, la reducción de jornada y la reforma judicial: todo parado sin mayoría en el Congreso

Ni hay Presupuestos ni el Gobierno espera que los haya. Al menos, a corto plazo. El desbloqueo de la interlocución con Junts, que dio marcha atrás con su exigencia de una cuestión de confianza a Pedro Sánchez y con su sentido del voto en la revalorización de las pensiones a cambio de otras cesiones como las competencias compartidas en inmigración, no termina de desatascar una legislatura yerma en reformas de calado. Y no solo por las cuentas. Los grandes anuncios del Gobierno como la reducción de la jornada laboral, las medidas de ayuda a la vivienda, el plan de regeneración democrática o la modernización de la carrera judicial ni siquiera han empezado el recorrido de su tramitación parlamentaria a la espera de mayorías estables en el Congreso que garanticen su viabilidad. 

“Las mayorías son las que son, no han cambiado”, dijo la portavoz del Gobierno esta semana en sala de prensa tras el Consejo de Ministros. Pilar Alegría celebró el acuerdo con Junts sobre competencias migratorias pero no aportó mucha más luz sobre el futuro de la legislatura de ahora en adelante. “Vamos a seguir acometiendo el diálogo con todas las fuerzas políticas y en eso estamos. En absoluto renunciamos a poder tener aprobados unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que vayan destinados a seguir creciendo de manera redistributiva”, añadió Pilar Alegría.

Pero ese discurso público choca con las perspectivas que en privado trasladan desde los distintos ministerios y desde los grupos parlamentarios sobre una negociación que ni siquiera, a día de hoy, existe. Nadie descarta a estas alturas, de hecho, que el Ejecutivo incumpla el compromiso público trasladado tanto por María Jesús Montero como por el propio presidente cuando ambos afirmaron que, con o sin apoyos, el proyecto de ley de Presupuestos sería presentado y defendido en el Congreso. La decisión ahora es que, si no hay posibilidad de abordar esa negociación, las cuentas no lleguen ni a presentarse. Y en Moncloa piensan que resulta una quimera plantearse hoy un escenario en el que poner de acuerdo a grupos como Podemos o Junts, ambos imprescindibles, y más con el mar de fondo del aumento exponencial del gasto militar comprometido por España por la amenaza de Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania o tras el acuerdo migratorio con los independentistas catalanes.

Hay quien entre las filas socialistas llegó a atisbar que, precisamente ese pacto sobre competencias en inmigración rubricado y registrado esta semana, supondría un Rubicón tras el cual los de Puigdemont estarían abiertos a desbloquear unos Presupuestos que sustenten la legislatura. Pero nada más lejos de la realidad. “Es que es una carpeta absolutamente diferente, no tiene nada que ver”, aseguran en Junts, donde dejan claro que la cesión aceptada por el PSOE esta semana no es suficiente y solo obedece a viejos compromisos.

“Muchos han vinculado que, si se aprobaba el acuerdo sobre competencias migratorias, se desbloqueaban los Presupuestos. Y no es así. Tampoco es que estén bloqueados, es simplemente que esa carpeta no está encima de le mesa”, apuntan los independentistas.

Cuestionados sobre qué más necesitarían por parte del Gobierno para poder llegar a esa pantalla, en Junts lo tienen claro. “Hay otras dos carpetas que ya se conocen. La primera es la del catalán en Europa. Y la otra es la amnistía”, apuntan. Preguntados también por el margen que creen que tiene el Ejecutivo sobre una amnistía que ya ha impulsado, aprobado y está en vigor a expensas de que los tribunales de justicia decidan o no aplicarla, los de Puigdemont responden: “El Gobierno puede aplicar algo que no ha hecho hasta ahora, que es una amnistía política. Pero lo que está al rojo vivo es el catalán en Europa”, concluyen sin ofrecer más explicaciones. 

En el Ejecutivo, mientras, mantienen intacta la directriz de no entrar en el cruce de reproches en ningún caso con el partido de Carles Puigdemont. De hecho, comparten en el Gobierno que la carpeta de los Presupuestos Generales del Estado ni siquiera está a día de hoy sobre la mesa y ponen el foco en conseguir ahormar la mayoría parlamentaria suficiente para poder dar salida al embudo legislativo en el que se ha convertido el Congreso de los Diputados.

Vivienda, jornada laboral, reforma judicial

Más allá de los Presupuestos, el Gobierno acumula una larga lista de anteproyectos de ley impulsados por el Consejo de Ministros que están a la espera de empezar su tramitación parlamentaria y de que exista una mayoría suficiente para poder ver la luz. Es el caso, por ejemplo, de la reforma laboral elaborada por el ministerio de Trabajo y que incluye la reducción de la jornada laboral, una de las medidas estrella del departamento de Yolanda Díaz para esta legislatura.

La complejidad de que esa propuesta, netamente progresista y que cuenta con el rechazo de la patronal, tenga los apoyos suficientes en el Congreso tiene una curiosa conexión con el pacto migratorio entre el PSOE y Junts de esta semana. Numerosas formaciones de izquierdas, alguna como Izquierda Unida o Compromís que forman parte de Sumar, han mostrado su rechazo a unos planteamientos que consideran directamente “racistas” y han anunciado su voto en contra en el Congreso. La propia Yolanda Díaz y su equipo, sin embargo, han guardado un medido silencio por una razón: necesitan los votos de Junts para impulsar la reducción de jornada.

Según ha podido confirmar elDiario.es por fuentes parlamentarias, los contactos entre Junts y Yolanda Díaz se producen desde hace semanas, aunque desde el partido de Puigdemont se asegura que el acuerdo no está ni mucho menos cercano. Y a la espera de su tramitación sigue la norma, que se prevé que sea aprobada por el Consejo de Ministros en segunda vuelta a finales de marzo para echar a andar en el Congreso durante el mes de abril con un futuro incierto.

En enero, y tras varias manifestaciones masivas organizadas por los sindicatos de inquilinos, el presidente del Gobierno anunció a bombo y platillo un amplísimo paquete de medidas en materia de vivienda. Desde el departamento de Isabel Rodríguez explican que algunas de esas medidas sí están ya en marcha, como la empresa pública de alquiler o el Proyecto Estratégico de modernización del sector. Pero lo cierto es que el grueso de políticas comprometidas ni han empezado su tramitación ni tampoco están siquiera agendadas en el calendario parlamentario.

No han empezado a tramitarse ni a negociarse ni la regulación contra el fraude de los alquileres de temporada, ni la limitación de compra de vivienda por extranjeros extracomunitarios no residentes, ni las ventajas fiscales para los propietarios que alquilen a precios asequibles, ni la reforma fiscal sobre los pisos turísticos, ni tampoco la prioridad de las administraciones públicas para la compra de suelo y viviendas. Sobre ninguna de esas medidas existen garantías, además, de poder ahormar mayorías parlamentarias que las convaliden.

También está pendiente de echar a andar el anteproyecto de ley de la reforma del sistema judicial aprobado en enero por el Consejo de Ministros. Según fuentes del ministerio de Justicia, se está a la espera de los dictámenes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado antes de aprobarlo en segunda vuelta, para lo que aún no hay fecha.

En plena ofensiva de la oposición en los tribunales, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, compareció en rueda de prensa a principios de año para anunciar “una reforma integral de las oposiciones a juez y fiscal” por la que, según dijo, se blindaba por ley el sistema de becas para opositores, se preveía la creación de un centro público para la preparación de los aspirantes a ambas carreras y se garantizaba la convocatoria de plazas para el llamado cuarto turno. Según el departamento del propio Bolaños, ya hay contactos informales con los grupos parlamentarios de cara a su futura tramitación, aunque las formaciones del Congreso consultadas por este periódico apuntan que no se ha avanzado en los dos últimos meses desde su aprobación en el Consejo de Ministros ni hay, por el momento, calendario previsto para ello.

Otros proyectos legislativos del Gobierno, como los que contenían el denominado plan de regeneración democrática o incluso los comprometidos con las fuerzas independentistas, como la condonación de las deudas autonómicas o la propia delegación de competencias migratorias a Catalunya, tampoco tienen garantizada su viabilidad en el Congreso. En el Gobierno reconocen la complejidad de un horizonte parlamentario con cada vez más nubarrones. El objetivo, aseguran, es negociar “partido a partido” y asumir que, algunos de ellos, se perderán por el camino. Una certeza tan sólida, dicen, como la de que Pedro Sánchez aguantará la legislatura hasta 2027 por mucho que se le estreche, aún más, el margen de maniobra.