El centro de menores de Zambrana de Valladolid mejorará su seguridad con un nuevo contrato y grabaciones

El centro de menores Zambrana, ubicado en Valladolid, mejorará su seguridad con un nuevo contrato, que se verá incrementado en 800.000 euros, hasta los 3,6 millones, y que incluirá medidas como cámaras de vigilancia con grabación de vídeo y audio, pues las existentes solo permiten la monitorización en directo.

En una rueda de prensa, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha informado este miércoles de que la Junta pondrá en marcha estas medidas a pesar de que ha mandado un mensaje de “tranquilidad” a los familiares y a la sociedad en general por las agresiones ocurridas en el centro público en las últimas semanas, el único de estas características en la Comunidad.

“El centro funciona con normalidad y con las características propias de este tipo de centros”, ha argumentado la consejera, que ha informado de que, en lo que va de año, se han registrado cuatro agresiones físicas de menores a educadores, mientras que el año pasado se registraron 18, 16 de ellas en el primer semestre y dos en el segundo, coincidiendo con el cambio de la empresa que lo gestiona.

Por ello, a pesar de que la Consejería ha enmarcado estos casos dentro de lo posible en estos centros en los que los menores están inscritos por orden judicial al haber cometido algún delito, Blanco ha comparado la mejora que pretende hacer la Junta con este nuevo contrato de seguridad con un “ascensor viejo que funciona, pero que requiere mejoras”.

En estos momentos, son 58 los menores que están inscritos en el centro, 16 de ellos en un régimen de internamiento cerrado por haber cometido delitos que van desde los hurtos con violencia a delitos de índole sexual y hasta homicidios.

Nuevas medidas: grabaciones y más personal

Dentro del nuevo contrato, que se firmará por 3,6 millones de euros, se atiende, como ha explicado Blanco, a una de las peticiones del personal del centro, que es la de que las cámaras de vigilancia actuales puedan grabar vídeo y audio para servir así de prueba ante posibles conflictos, además de que los vigilantes contarán con comunicación segura mediante pinganillo.

Además, se creará un retén de trabajadores al que poder acudir en el caso sobrevenido de bajas injustificadas de trabajadores, que es uno de los problemas que ha tenido el centro en los últimos meses, como ha reconocido la consejera, que ha explicado cómo se dio el caso de hasta cinco bajas en un día sin comunicar, lo que dificultó el cumplimiento de los ratios establecidos en el pliego.

Según ha explicado, en estos momentos, de una plantilla de 70 profesionales, 14 se encuentras de baja, todas ellas ya sustituidas.

Finalmente, el nuevo contrato creará una figura de empleado nueva, la de auxiliar de control educativo, que ejercerá una función intermedia entre los educadores y los vigilantes de seguridad y que podrá actuar con mayor rapidez ante casos de agresiones, ya que en estos momentos, al encontrarse la seguridad fuera del edificio, se producen demoras en los primeros momentos de actuación.

Por último, en cuanto a las ratios, Blanco ha indicado que el centro es un “ejemplo” a nivel nacional, que tras su última actualización ha pasado a tener 70 empleados, con una ratio de un educador por cada tres menores por la mañana y 2,9 por la tarde, lo que mejora la media nacional.

Protocolo ante una agresión

Como ha explicado la titular de Familia, el centro posee un protocolo “muy claro” de actuación frente a una agresión, que pasa por, en primer lugar, avisar a seguridad y aislar al menor agresor, para luego elaborar un informe de la coordinadora de situaciones críticas que incluye las versiones del menor, del educador y las personas que presenciaron los hechos.

Una vez elaborado el informe, este se remite a la Fiscalía de Menores, que es la encargada de valorar los hechos e incorporarlos al fichero personal de cada menor, que incorpora no solo estos hechos, sino todo lo que realiza a lo largo del año.

En total, el año pasado el centro notificó más de 5.000 comunicaciones con Fiscalía que, además, visita al menos una vez al mes el centro para conocer de primera mano su situación y la de los menores.