Catalunya estudia cómo adaptar los campings que se encuentran en zonas inundables para no cerrar ninguno

El Govern de la Generalitat aprobará este martes un decreto ley para revisar los campings que se encuentran en zona inundable y explorar cómo protegerlos y adaptarlos. El Consejo Ejecutivo que preside Salvador Illa dará salida al texto junto con la creación de un fondo de compensación por si alguno ve afectada su actividad, aunque el objetivo es no cerrar ninguno. 

“El decreto no sitúa como estrategia el cierre de actividades, sino buscar todas las alternativas posibles para que puedan continuar”, señalan fuentes del Ejecutivo catalán, que insisten en que no quieren “demonizar” el sector. Desde el Govern aseguran que cuentan con el apoyo de la patronal de los campings para iniciar esta evaluación. 

La Generalitat y los representantes del sector mantienen reuniones desde que Illa situó estos recintos vacacionales como unos de los más vulnerables frente a inundaciones. Fue poco después de la DANA, cuando el president aseguró que revisarían todas las actividades en estas áreas anegables, con especial “preocupación” por los campings. 

Aunque desde la Administración catalana llegaron a señalar a 16 campings –la mayoría en el Pirineo– como los que estaban en mayor riesgo y se aseguró que había que actuar con rapidez, ahora han echado el freno. Fuentes del Govern descartan apuntar a casos concretos de entrada, tampoco a territorios más vulnerables que otros, y plantean el decreto ley de medidas urgentes de comprobación de los campings afectados por riesgo de inundación como un “reset” que ponga “el contador a cero” a la hora de evaluar el riesgo este sector económico. 

El texto establece la creación de una comisión técnica que estudie la situación camping por camping, además de suponer un paraguas jurídico para poder exigir a los establecimientos su adaptación, traslado o cierre parcial o total. Entre otras estrategias, señalan fuentes del Govern, trabajarán para implementar también “tecnologías de detección temprana de inundación”.

En cuanto al fondo de protección económica, de entrada no contará con ninguna dotación inicial. El mecanismo podría contemplar préstamos y ayudas directas para quienes se vean obligados a adaptar su actividad y garantizar que “no se comprometa la competitividad del turismo”. Básicamente, pues, se tratará de ayudas para aquellos establecimientos que puedan perder algunas plazas “resultado de los estudios de viabilidad y seguridad”.