Sentencia de Ayuso a los portátiles y las tablets en los colegios de Madrid: serán prohibidos el curso que viene

Los 2.000 colegios de la Comunidad de Madrid públicos y concertados, en los que estudian más de medio millón de alumnos, se convertirán a partir del próximo curso escolar en lugares libres de dispositivos digitales, con carácter general aunque con algunas excepciones. El Gobierno de Ayuso prepara un decreto para regular y limitar su uso, según dio a conocer este miércoles.

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles un informe de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades sobre los principales detalles de este texto, que asegura que los alumnos de Infantil y Primaria no podrán trabajar de forma individual con dispositivos digitales, y sus maestros tampoco podrán programar los deberes u otras tareas académicas en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar.

De esta forma, la Comunidad de Madrid será la primera de España en eliminar un tipo de dispositivos que contaban con fuerte rechazo en la comunidad educativa y en las familias de los alumnos, después de una década de fascinación por esta tecnología en la educación. La oposición de las madres y padres de los estudiantes al uso en algunos centros había generado en los últimos años tensión en colegios públicos y concertados madrileños que pedían la compra de estos dispositivos para seguir el curso normal de las clases.

El nuevo decreto madrileño entrará en vigor a partir del próximo curso 2025/26 según la previsión del Gobierno regional. No obstante, aquellos centros educativos que actualmente tengan ya implantado un programa docente que incluya un dispositivo individual por alumno, tendrán una moratoria con un plazo de un año -hasta el 31 de agosto de 2026-, para adaptarse a la normativa.

Cómo se implantará la medida

El decreto incluye las normas para manejar pantallas de forma compartida entre dos o más alumnos, que se permitirá siempre con una finalidad pedagógica, bajo la supervisión de los docentes y con limitaciones de tiempo en función de las edades y etapas. Por ejemplo, en el segundo ciclo de Educación Infantil (niños de 3 a 6 años) y en los dos primeros cursos de Primaria, este manejo compartido estará restringido a una hora semanal. De 0 a 3 años estarán prohibidas. Por su parte, los alumnos de 3º y 4º de Primaria tendrán una hora y media para su empleo conjunto durante la semana, mientras que los de 5º y 6º podrán usarlas con estas condiciones un máximo de dos horas semanales.

En cuanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), serán los propios colegios e institutos que la imparten los que delimiten el uso individual o compartido de tablets, ordenadores y demás según las características de las enseñanzas, la edad y el grado de madurez de sus alumnos.

La norma también recogerá algunas excepciones a estas restricciones. Por ejemplo, aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo que requieran de estos recursos digitales, previo informe psicopedagógico, podrán utilizarlos sin ningún tope horario. Y también se permitirá su uso en las materias optativas o proyectos en los que sean imprescindibles para adquirir competencias específicas.

Los principios generales de esta normativa pionera de la Comunidad de Madrid garantizarán la adquisición de las competencias digitales recogidas en los currículos educativos de las diferentes etapas, pero a la vez establecerán las limitaciones necesarias para reducir los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado de las tecnologías de la información.

Las escuelas religiosas, en contra

La decisión del Gobierno de Ayuso ha tenido respuesta en la patronal de las escuelas religiosas de la región. La agrupación de Escuelas Católicas de Madrid (ECM), que representa al 69% de la oferta de centros concertados la considera “radical” y denuncia en un comunicado, “la ausencia de diálogo” por parte del Ejecutivo madrileño. También aseguran que afecta “a la autonomía educativa y pedagógica de los colegios y a la libertad de elección de las familias”.

“Entendemos que el uso de dispositivos digitales admita un debate profundo que incluso debiera liderar la escuela, pero en ningún caso podemos hacerlo obviando el derecho de los titulares a establecer los proyectos educativos de sus centros, e imponiendo los enfoques y herramientas de su acción educativa”, defienden mientras recuerdan dos artículos de la Ley Orgánica de Educación y de la LOMLOE por los que consideran que esta competencia es de titularidad del centro y que las titularidades de los centros están obligadas legalmente a implementar estos procesos de digitalización.

Por su parte, el sindicato con más representación en el funcionariado de Madrid, CSIF, defiende la libertad de cátedra de los docentes y cree que “la normativa constituye un claro ataque al profesorado al poner en duda su capacidad de utilizar adecuadamente todos los recursos de los que dispone, recursos que han sido proporcionados por la propia Consejería, con una gran inversión, y para los que los docentes han sido formados para un correcto uso”, señalan en un comunicado publicado este miércoles.

CSIF considera que limitar el uso individual y no educar de manera adecuada supone “restringir las posibilidades de que los alumnos” puedan adquirir estas habilidades. Y han considerado que el uso abusivo y problemático de los dispositivos digitales “no se produce en los centros educativos, donde están supervisados y tienen una finalidad educativa”.