Crisis climática en la era Trump
Cada día nos sorprende - y alarma - una orden ejecutiva procedente de EEUU. Incluso podríamos creer que es el día de los santos Inocentes si no fuera que estamos en marzo.
Y cada día nos sorprendemos porque, ni en las peores pesadillas, podríamos imaginar lo que iba a venir después.
En su primer día en el cargo, el presidente Trump lanzó 22 órdenes ejecutivas bajo el lema de su agenda America First (no olvidemos que esta consigna fue el lema contra la entrada de EEUU en la Segunda Guerra Mundial).
Y no solo se trata de órdenes ejecutivas; el presidente arroja ideas políticas macabras como expulsar a la población gazatí y convertir Gaza, bajo autoridad americana, en un resort turístico. O juicios insensatos como afirmar que Zelenski es un dictador que inició la guerra en Ucrania y que no le queda más opción que (mal)vender sus materias primas si quiere acabar la guerra en su país.
No satisfecho con sus ataques al Gobierno de Ucrania en diferido organiza una encerrona a su presidente y, a puerta abierta y rodeados de medios de comunicación, Trump y su vicepresidente le chillan y le insultan porque Zelenski pidió garantías de seguridad para Ucrania de parte de EEUU para evitar la posibilidad de que Putin decidiera volver a atacar a Ucrania cuando hubiera terminado la guerra. Una disputa agria nunca vista en la Casa Blanca. ¿Qué veremos mañana? ¿No hay freno a estas temeridades?
Y nos preguntamos si sus órdenes ejecutivas no atentan no ya solo contra los derechos humanos sino contra la misma Constitución de los EEUU. Una histórica campaña de deportación masiva para expulsar a millones de personas indocumentadas del país. Obstáculos a la admisión legal de las personas refugiadas, que empoderará a los traficantes de personas y podrá acarrear problemas empresariales. Fin de la nacionalidad por nacimiento, con lo cual niños y niñas se convertirían en apátridas. Congelamiento de ayudas que conllevará recortes en la ayuda internacional. Bloquear el acceso a la anticoncepción, lo que forzará a abortos clandestinos. Retirada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sanciones contra la Corte Penal Internacional, que garantiza que las personas responsables de atrocidades no puedan sustraerse a la justicia. Restaurar la “verdad biológica” por la que solo se reconocen el género masculino y femenino, y que pone fin a los programas federales de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Aumentar la aplicación de la pena de muerte, con el argumento de que disuade de la comisión de delitos. Retirada de la Organización Mundial de la Salud, que controla graves enfermedades y epidemias.
Tantas y tantas decisiones inconcebibles antes de Trump que no podríamos comentar ni siquiera someramente algunas de ellos.
Nos vamos a detener en una de las primeras que nos impactó (sin imaginar lo que vendría después) y que, ante tantos desvaríos, ya nadie habla de ella. En una medida que va a suponer un grave retroceso en la lucha contra el calentamiento global, el cambio climático que estamos viviendo y que representa una grave amenaza contra los derechos humanos generando hambre, desplazamientos masivos y desastres devastadores.
Trump se retira del Acuerdo de París de 2015, el tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante cuyo objetivo es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Para Trump, este Acuerdo y otros acuerdos internacionales sobre el cambio climático son injustos para EEUU y perjudiciales para la economía y las empresas estadounidenses.
EEUU ya se retiró cuando Trump llegó al poder en 2017, aunque la retirada no se produciría hasta noviembre de 2020. Biden reincorporó a EEUU al Acuerdo. Ahora deberá pasar un año para que la nueva salida sea efectiva. La retirada eliminará del país la obligación de reducir sus emisiones y podría inducir a otros países a reducir su compromiso.
El Acuerdo fue adoptado por 196 Partes en la COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015, y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, con el objetivo de limitar el calentamiento mundial por debajo de 2ºC y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5ºC.
El Acuerdo no da, evidentemente, respuesta total a la crisis climática, pero sí proporciona un medio para que los países con menos ingresos tengan voz junto con los de mayores ingresos.
Está claro que Trump ha declarado de nuevo la guerra a las energías limpias apostando por los combustibles fósiles. Siendo el país el mayor productor mundial de gas natural y el principal exportador de gas natural licuado, el nuevo gobierno se propone aumentar la oferta con la práctica del fracking (fracturación hidráulica), una de las formas de extracción de combustibles fósiles con mayor impacto ambiental, ya que los productos químicos utilizados pueden contaminar el agua potable, liberan metano e incluso provocan algunos terremotos.
Trump quiere que el país sea “nuevamente rico” y ese el “oro líquido” en su interior es para él la clave: "Drill, baby, drill" (“perforar, perforar y perforar”), en busca de petróleo y gas, y dar prioridad a la eficiencia económica restringiendo compromisos exteriores que afecten a la política energética. En su discurso de investidura dijo que EEUU tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y que va a utilizarlas. Su tesis: la inflación y la crisis energética fueron causadas por políticas climáticas extremistas y una sobre-regulación que sofoca empresas y familias, lo que significa un ataque directo a las energías renovables. Entre otras cosas: fin de los subsidios a los vehículos eléctricos y protección de los de gasolina.
Tiene claro que la industria de inteligencia artificial (IA) exige altas demandas energéticas y esto será una prioridad estratégica para competir con China en primer lugar.
Poco le importa que EEUU sea el segundo país mayor contaminante de gases de efecto invernadero, porque ya en 2017 negaba que existieran riesgos relacionados con el cambio climático, y tiene el propósito de obstaculizar los mercados de energía limpia, a pesar de que el año pasado fue el más caluroso registrado y que su país sufriera una espantosa oleada de incendios e inundaciones.
Trump ha declarado una “emergencia energética nacional” por lo que ordena explotar los recursos energéticos nacionales, fomentando la producción de energía en tierras y aguas federales para convertir a EEUU en líder de la minería no energética, incluidas las minas de tierras raras, así como poner fin a las subvenciones a los vehículos eléctricos, eliminar los permisos para la energía eólica…
Trump lo tiene claro: la culpa de la inflación la tiene la escalada de precios de la energía, de modo que hay que desmantelar todo lo relacionado con la transición energética y ecológica de la anterior legislatura.
Pero ¿de verdad estas medidas van a multiplicar la producción de petróleo y harán bajar los precios? Pero si, en realidad, EEUU produce ya más petróleo que ningún otro país y las compañías petroleras dicen que no tienen prisa por aumentar la producción, puesto que un exceso de perforaciones tiene como consecuencia un exceso de oferta y un desplome de precios.
Lo cierto es que su objetivo es lograr un total autoabastecimiento y no depender de importaciones de países de la OPEP, a costa de las consecuencias catastróficas que puedan acarrear sus medidas.
La crisis climática es una espantosa amenaza contra los derechos humanos acarreando hambre, pobreza, devastación que, por descontado, afectará a las poblaciones más marginadas.
Ignorar la crisis climática no impedirá su evolución y abandonar el Acuerdo de París, entre otras medidas como el fortalecimiento de la industria fósil, multiplicará el impacto del cambio climático (incendios, huracanes, lluvias torrenciales, sequías, aumento del nivel del mar, enfermedades…).
Pero los demás países resisten y mantienen su rumbo, porque luchar contra el cambio climático salva vidas. Numerosas organizaciones seguirán defendiendo los derechos ambientales, que son derechos humanos, y seguirán movilizándose para garantizarlos, porque EEUU no puede abandonar su compromiso con la humanidad.
“Como organización de derechos humanos de base más antigua y mayor del mundo – afirma Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos - recordamos a la administración Trump sus responsabilidades y estamos dispuestos a defender los derechos humanos como hemos hecho siempre con independencia de quién esté en la Casa Blanca.”
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