El PP incumplió 21 meses su código ético con el alcalde de Orihuela, juzgado por delitos contra la hacienda pública

La Fiscalía pide siete años de prisión al actual alcalde de Orihuela, el popular José Vegara, por un presunto delito de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la hacienda pública por un supuesto fraude del IVA y en el impuesto de sociedades mientras el primer edil estaba al frente de una empresa de ITV. Vegara se sentará en el banquillo, junto con otros cuatro acusados, miembros del consejo de administración de la entidad ITV Vega Baja SA y de otras dos sociedades, el próximo 22 de enero ante el Juzgado de lo Penal 1 de Orihuela. El PP anunció este martes que le ha abierto un expediente disciplinario, en cumplimiento del código ético del partido. Los estatutos y el reglamento disciplinario de régimen jurídico del PP valenciano establecen que, en el momento en que se tenga conocimiento de la apertura de juicio oral a cualquier cargo público del partido en un procedimiento judicial, el expediente se transforma en disciplinario, según un comunicado de la formación.

Sin embargo, el partido que lidera Carlos Mazón llevaba un año y ocho meses de retraso. El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela dictó el auto de apertura de juicio oral contra el entonces candidato del PP en plena precampaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales de 2023. A pesar de que la resolución judicial era pública y notoria, la formación se ha esperado hasta el señalamiento del juicio, cuyo inicio está previsto para el próximo 22 de enero, para abrirle expediente disciplinario.

De hecho, el auto de apertura de juicio oral se conoció el 21 de abril de 2023, en plena visita de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, a Orihuela para apoyar al candidato popular. Mazón defendió entonces que la instrucción que afectaba a su candidato en Orihuela se refería a cuestiones “administrativas”, del ámbito de su empresa privada, y no tenía “nada que ver” ni con la “corrupción” ni con su faceta de “cargo público”.

Los sucesivos alcaldes populares de Orihuela, auténtico feudo del PP en la comarca de la Vega Baja, han acabado sistemáticamente condenados o procesados en el marco de causas judiciales vinculadas a la corrupción. Tres exalcaldes —Luis Fernando Cartagena, Jose Manuel Medina y Mónica Lorente— acabaron condenados por corrupción, y el último, Emilio Bascuñana (desbancado por una moción de censura) está procesado en una causa judicial por los seis años en que estuvo cobrando de la Conselleria de Sanitat sin acudir a su puesto de trabajo. La Fiscalía Anticorrupción pide a Bascuñana, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, tres años de prisión, seis años de inhabilitación absoluta y otros cinco años y medio más sin poder desempeñar cargo o empleo público en servicios públicos en organismos dependientes de la Generalitat Valenciana.

Sobre la situación de José Vegara, el secretario general del PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, ha señalado que el partido mantiene la presunción de inocencia del alcalde. Por su parte, Vegara siempre ha defendido su “inocencia” en este procedimiento y ha tachado de “cacería y persecución” la causa. Los populares valencianos creen “firmemente en la inocencia de quien, de hecho, ha rechazado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y no acepta el delito por el que se le acusa”, según ha afirmado su secretario general.

Pérez Llorca ha subrayado que los hechos que se juzgan “nada tienen que ver con un delito de corrupción en el ejercicio de cargo público y, además, son de hace más de veinte años, muy anteriores a la asunción de su responsabilidad pública, ocurridos en el ámbito privado de su actividad empresarial y nada tienen que ver con la actividad política”.

Un plan “ilícito” para perjudicar a Hacienda

Hacienda, según la acusación pública, dejó de ingresar 917.935 euros en el ejercicio 2005 como consecuencia de las “maniobras y deducciones fraudulentas empleadas por la Estación Inspección Técnica de Vehículos”, de la que Vegara era consejero delegado y apoderado general: 760.539 euros del impuesto de sociedades y otros 157.396 euros de IVA. La Fiscalía enmarca el presunto fraude en las supuestas facturas falsas por la compra de la empresa a un proveedor de 100.000 agendas publicitarias para deducir impuestos.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama para los cuatro acusados el pago, “conjunta y solidariamente”, de una multa de 629.587 euros por el supuesto fraude de IVA y otros 563.234 euros por el fraude en el impuesto de sociedades, además de indemnizar a Hacienda con 917.000 euros.

El escrito de acusación del Ministerio Público sostiene que Vegara y el resto de acusados, “movidos por la común intención de ocasionar perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública, urdieron y orquestaron” un plan “ilícito” mediante un contrato para la compra de 100.000 agendas telefónicas publicitarias y la generación de facturas por esa adquisición, con el objetivo de crear unos gastos deducibles a favor de la ITV en el ejercicio de 2005 para el caso del impuesto de sociedades y unas cuotas de IVA “ficticias y falaces”.