El Gobierno de Mazón insiste en el bulo del 'apagón informativo' pese al auto de la jueza que lo desmiente

La portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha comparecido este martes tras la sesión ordinaria y extraordinaria del Consell, pocas horas después de que se conociera el auto de la jueza de Catarroja que desmonta por completo la línea argumental que hasta ahora había utilizado el presidente, Carlos Mazón, y por extensión los miembros de su ejecutivo y los dirigentes del PP, para defenderse y derivar responsabilidades de la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, que dejó 228 fallecidos, tres de ellos aún desaparecidos.

Principalmente, desde las filas populares siempre se han escudado en la falta de información, sobre todo por parte de las agencias estatales, para justificar el retraso en el envío del mensaje de alerta a los ciudadanos. Unos argumentos que la magistrada ha descartado de forma contundente en su escrito, por medio del que ha llamado a declarar en calidad de investigados (antes imputados) a la exconsellera, Salomé Pradas, y al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Al mismo tiempo, ha ofrecido a Mazón la opción de que declare también como imputado de forma voluntaria, debido a que por su condición de aforado no puede investigarle directamente en el actual momento procesal. Mazón ya ha descartado esta opción.

Camarero ha comentado que el auto está en una fase inicial y que no es una sentencia: “Mucha prudencia, vamos a ver cómo va quedando esto, respetamos la instrucción judicial y no opinamos al respecto. Tenemos máximo respeto a la instrucción judicial, no valoramos el contenido”. Sobre la ausencia de imputaciones entre los técnicos de Emergencias y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha insistido en que se trata de “una parte inicial de la instrucción” y ha recordado que hay asociaciones que dicen que van a recurrir la no imputación de personas de otros organismos.

Sobre si se reafirma en el supuesto apagón informativo que han venido denunciando en las últimas semanas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la CHJ, ha afirmado que por supuesto que sí: “Está más que claro que hubo dos horas y media de silencio de la Confederación, que Aemet falló en sus previsiones y en toda la falta de información que el día 29 se produjo. Me reafirmo. El Gobierno central con sus agencias a la cabeza fallaron en la prevención, en la previsión, y en la información. Fallaron en la prevención porque no se acometieron las reformas las obras necesarias para que los barrancos, los cauces, estuviesen en la situación que tenían que estar”.

La también vicepresidenta del Gobierno valenciano ha añadido al respecto que “no había sistemas de alerta temprana en los barrancos como todos ustedes saben”. Un sistema de alerta temprana, por ejemplo, en el barranco del Poyo, que “la ministra Ribera licitó 20 días después de la tragedia”. Además, ha insistido en que fallaron “los sistemas de alerta hidrológicas, falló la información de Aemet, que nunca habló de los 800 litros que cayeron aguas arriba, y por lo tanto falló la prevención”.

Por una parte “falló la previsión respecto a lo que estaba pasando, y falló la información de las dos horas y media de silencio respecto a la crecida del caudal del barranco del Poyo” y ha insistido: “Está reconocida por todo el mundo y por lo tanto mantengo que hay una evidente falta de información y fallos en las agencias estatales que dependen del Gobierno de España y del propio Ministerio de Transición Ecológica, igual que fallaron los días posteriores. Los días posteriores no se pusieron en marcha y no se activaron ni la policía ni la guardia civil, mientras las casas, los vecinos, eran saqueados, eran robados en sus domicilios, mientras los comercios eran saqueados o las empresas eran saqueadas. Es evidente que todo eso falló”.

En su auto, la jueza afirma, entre otras cosas, que “el problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables, ni si la información venía de órganos dependientes de la administración central (CHJ o Aemet) o autonómica (el 112 Comunitat Valenciana) sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave), no se supieran por donde discurría el barranco del Poyo, la situación del resto de poblaciones no relacionadas con dicho barranco, o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión”.

Sobre la ausencia de responsabilidades políticas, más allá de las judiciales, habida cuenta de que Mazón se las reclamó a Ximo Puig en 2022 por el incendio que atrapó a un tren en Bejís en el que hubo una decena de heridos, tres de ellos graves, se ha escudado en que en aquel momento Puig tampoco asumió responsabilidades: “Ni el señor Ximo Puig ni nadie de su Gobierno asumió ninguna responsabilidad política, de hecho ha sido el presidente Mazón el que ha atendido a los afectados y el que ha tomado medidas para atender a los afectados. Este Gobierno, no solo hemos hecho autocrítica, sino que ha habido una remodelación de Gobierno, cosa que no han hecho otros gobiernos que no han asumido ni una sola responsabilidad política”.