La campaña antiabortista que usa a las personas con Down llega a la Fiscalía de Córdoba

El portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, junto con la concejala de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, y la edil del PSOE en el Ayuntamiento, Alicia Moya, han anunciado este martes la presentación de un escrito de denuncia ante la Fiscalía de Córdoba contra la campaña publicitaria de la Asociación Católica de Propagandistas (ACP) que vincula el aborto con las personas con síndrome de Down. Los representantes políticos consideran que esta campaña, instalados en mupis del Ayuntamiento, incurre en un delito de odio al invadir derechos fundamentales y situarse al borde de la legalidad.

Hurtado ha explicado que esta acción legal es una ampliación de la denuncia presentada por ambos grupos municipales contra otra campaña de esta entidad y que catalogaron de “tránsfoba”.“Venimos a unir otra más que ha llevado a cabo en nuestra ciudad y que han unido dos mensajes: por una parte, síndrome de Down y, por otra parte, el derecho al aborto”. Hurtado ha añadido que ambos grupos consideran “necesario acudir a la Justicia porque estas campañas están siempre al borde de la legalidad” y consideran que en este caso la han sobrepasado, existiendo “indicios de delito de odio”.

Por su parte, la concejala de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha centrado su intervención en criticar la campaña por criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, especialmente al contraponer esta decisión con la felicitación por el día de la visibilización del síndrome de Down. Ruiz ha calificado de “hipócrita” a la asociación, defendiendo que las mujeres “no son hipócritas, sino que simplemente ejercen un derecho amparado por la ley, conquistado con mucho esfuerzo”.

En esa misma línea, la concejala del PSOE, Alicia Moya, ha expresado el “cansancio” de las mujeres ante el señalamiento e insultos por ejercer su derecho al aborto. También ha criticado la “hipocresía” de la “ultraderecha”, que defiende el “derecho a la vida” del no nacido, pero apoya políticas que ponen en riesgo la vida de otras personas, con relación a la devolución de menores extranjeros no acompañados. Moya ha lamentado la inacción del Ayuntamiento de Córdoba y de la delegación de Igualdad ante esta campaña, acusándolos de tener un “feminismo de postureo”. Cabe recordar que la Fiscalía de Córdoba trasladó a la de Madrid la denuncia por la campaña ¿La mujer nace o se hace?, “dado que el domicilio social de la ACP está” en la capital española, tal y como ha apuntado Hurtado.

De forma unánime, los representantes municipales han criticado la “pasividad del gobierno local”, señalando que las campañas se exhiben en mobiliario urbano que pertenece al Ayuntamiento a través de concesiones administrativas, “lo que implica una obligación de fiscalización de los contenidos por parte del consistorio”, ha explicado Hurtado. Además, han recordado la existencia de una ordenanza de publicidad que regula la no difusión de mensajes discriminatorios a la vez que Ruiz ha recordado que “la delegada de Igualdad, Marian Aguilar, ya expresó en el pleno de febrero su postura contraria al aborto, lo que explicaría la falta de acción municipal”.