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Dos empleados de una almazara se enfrentan a más de cinco años de prisión por apropiarse de unas 200 toneladas de aceite

Acusados del juicio

Alejandra Luque

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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha celebrado este miércoles un juicio en el que tres acusados se enfrentan a sendos delitos de estafa y falsedad documental por apropiarse de cerca de 200.000 kilos de aceite de oliva de una almazara de Priego de Córdoba. Los procesados se enfrentan a cinco años y ocho meses de prisión.

Los hechos, que tuvieron lugar entre los años 2013 y 2015, salieron a la luz tras una investigación interna en la empresa. La cantidad de aceite supuestamente sustraída se estima en unos 67.000 kilos anuales de media entre esos años, llegando a los 200.00 kilos en tres años. Esta empresa contaba con 70 depósitos que podían almacenar entre cinco y siete millones de litros.

Según se desprende de dichas investigaciones, la sustracción de aceite se habría llevado a cabo mediante la manipulación de los registros de producción y pesaje. Uno de los acusados era, hasta junio de 2015, el trabajador encargado de determinar la cantidad de kilos de aceites producidos. Según ha declarado el administrador único de la almazara, uno de los acusados era empleado de su “máxima confianza” y, de las investigaciones internas, ha resultado que “informaba diariamente de una producción de aceite inferior a la real”, generando una cantidad de “aceite fantasma” que supuestamente era detraída.

Según la declaración de dicho administrador, la investigación se inició tras detectarse un “vale de un minuto de pesada”, lo que llevó a descubrir un entramado en el que se habría sustraído el aceite. Se investigaron ventas y pesos, detectándose 17 operaciones de salida de aceite que presentaban irregularidades. Estas incluían pesajes realizados fuera del horario de oficina -antes de las 9:00 o antes de las 16:00- y tiempos de carga “inusualmente” cortos para la cantidad que supuestamente cargaba. Es decir, estaba una hora recogiendo aceite cuando lo que constaba en la documentación era que se hacían “medias cisternas”. Junto a este acusado hay dos más: otro trabajador de la almazara y un externo.

Además, según ha declarado tanto el administrador de la almazara como un contable de la entidad, esas 17 operaciones que levantaron sospechas fueron realizadas por el mismo conductor y el mismo camión. Las 14 operaciones restantes, que sí se produjeron en horario de oficina, no presentaban ningún tipo de irregularidad. En junio de 2015, los dos empleados abandonaron sus puestos de trabajo con una “baja voluntaria”, ha apuntado el administrador de la almazara.

Durante la vista declaró un asalariado de la almazara encargado de informatizar los datos de producción, testificando que la “información proporcionada cuadraba, pero, posteriormente se detectó un desfase entre la producción real y lo que aparecía en los documentos”.

Análisis de la empresa que compraba el aceite de la almazara

En relación con la empresa que recogía el aceite de la almazara, una perito de la acusación particular se ha ratificado en su informe, que recoge documentación sobre la entidad beneficiaria del aceite en la que constan “datos tachados y sobrescritos en los albaranes, algunos incompletos o sin firmar, y operaciones sin ticket de pesaje”.

También señaló que las facturas se emitían mucho tiempo después de los análisis de calidad, “lo cual no es habitual en el sector”. Además, la perito constató que la mercantil no estuvo dada de alta como operador en la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) hasta 2015, y que se localizaron 485.059 kilos de aceite comprados por la empresa de los que no se aportó documentación alguna.

Por otro lado, un agente de la Guardia Civil, encargado de realizar la investigación patrimonial de los acusados, no observó un incremento patrimonial significativo en los acusados que no estuviera justificado por la documentación aportada. Sin embargo, sí señaló varias apreciaciones con respecto a la empresa compradora del aceite y al conductor del camión, detectando “movimientos de capital en efectivo que nunca fueron justificados”. La acusación particular ha cifrado en más de 43.000 euros las tres cuentas auditadas de este acusado y durante un periodo en el que trabajaba en la almazara, cobrando “mensualmente 755 euros”.

En relación con la empresa, según el cruce de datos de bienes muebles inmuebles, y productos financieros, se observó un crecimiento de 113.000 euros debido a un excesivo endeudamiento con entidades financieras. No obstante, el perito encontró un crecimiento del 127% de la empresa con una diferencia positiva de más de medio millón de euros que no estaba justificada. Otro perito se ha ratificado en su informe sobre “una presunta dinámica delictiva que ha causado un daño patrimonial” a la almazara “al producirse salida de aceite no controlada”.

El perito de la defensa rechaza

Por otro lado, un perito de la defensa ha calificado como “sorprendente” que estas supuestas irregularidades se hayan detectado “años después” y ha rechazado que la base de cargo de las mismas sea “el tiempo de carga de los camiones”. Ante ello, la acusación particular ha recordado que otro indicio es que las cargas “siempre se hacían a horas extemporáneas y por el mismo conductor”.

El juicio ha quedado suspendido a la espera de las testificales de los tres acusados, que han manifestado su deseo de declarar en último lugar, y de los informes definitivos de las acusaciones y de la defensa.

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