El Gobierno de Pradales rescata la ley de transparencia de Urkullu para agilizar la tramitación parlamentaria

El Gobierno de Imanol Pradales ha tomado como base exactamente el mismo borrador de ley de transparencia que dejó el de Iñigo Urkullu y que nunca llegó a ser aprobado en el Parlamento Vasco. Es un intento de acelerar la tramitación y que, esta vez sí, Euskadi deje de ser una excepción y se quite el sambenito de ser la única comunidad autónoma sin un marco propio para regular la publicidad activa, el acceso a información pública o la participación ciudadana. “Estamos positivos. Estamos muy positivos”, ha afirmado la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, al ser preguntada por los periodistas si esta vez sí, a la cuarta, se podrá promulgar una ley de transparencia. Quedan más de tres años de legislatura y PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta.

Como ha adelantado este periódico, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al proyecto de ley de transparencia para Euskadi. Ahora pasa al Parlamento, donde se abrirá un período de comparecencias de expertos y luego de posibles enmiendas. Pradales, en la última comparecencia en la Cámara, dijo querer acelerar esta ley y crear una ponencia para estudiar otras posibles medidas en busca de más “calidad democrática”. Y así ha sido. La consejera Ubarretxena ha explicado que se ha valorado reiniciar toda la tramitación pero que se ha entendido que era más rápido usar el mismo texto. Así, se evitan decenas de informes y trámites internos. Los posibles ajustes que quiera introducir este Gobierno podrán hacerse con enmiendas. Según Ubarretxena, este articulado “tiene buena base”.

La actual es la cuarta legislatura en que Euskadi debate su ley de transparencia. En la primera de Urkullu (2012-2016) el Ejecutivo tenía minoría y tuvo que retirar una normativa que también abarcaba otras materias. En la segunda (2016-2020) se avanzó en un texto pero no terminó de cristalizar aunque la ya extinta coalición Elkarrekin Podemos ofreció a PNV y PSE-EE un acuerdo. En la tercera (2020-2024), la consejera encargada, Olatz Garamendi, presentó el articulado incluso después que el partido comunicara al lehendakari que no iba a seguir, en puertas de las elecciones.

Irónicamente, hace unos días el Parlamento Vasco aprobó una ley de transparencia en una sesión plenaria simulada con estudiantes de la Universidad de Deusto. “Y lo han hecho en vísperas de que el Ejecutivo de Pradales presente el suyo, puesto que tal y como ha anunciado recientemente el propio lehendakari en sede parlamentaria, el Gobierno vasco expondrá a tramitación parlamentaria dicho proyecto en breve”, informó la Cámara.

El eje de la nueva ley sigue siendo la creación de la agencia Gardena como “autoridad vasca de la transparencia”. Ubarretxena promete que será un “órgano independiente” para velar por la correcta aplicación de la ley. El texto recoge “mayores obligaciones de publicidad activa”. Actualmente, en Euskadi, esto está disperso en varias leyes. Asimismo, se regularán las solicitudes de información y la participación de la ciudadanía, ahora fundamentadas en la normativa estatal.

La consejera ha indicado, a preguntas de los periodistas, que las obligaciones afectarán a la Administración autonómica, a organismos como el Parlamento Vasco o el Ararteko y “a la Administración local”. No será tan exigente con las Diputaciones forales, que se regirán por sus propios marcos en muchos supuestos. Habrá también un marco sancionador para los incumplimientos en materia de transparencia. El proyecto de Garamendi recibió informes negativos de órganos consultivos precisamente por no contemplar para su aplicación algunos organismos del perímetro del Gobierno vasco.

El Gobierno, en la pasada legislatura, ya reguló al margen de la ley -y forzado por la normativa estatal y comunitaria- el “canal interno” para recoger denuncias sobre irregularidades dentro de la Administración. De hecho, se fichó a Maite Basabe, procedente del Ararteko, como responsable de esa nueva ventanilla. Sin embargo, sin la ley no existe el “canal externo”, esto es, la oficina que atenderá las denuncias ciudadanas sobre posibles casos de corrupción y que protegerá de represalias a los alertadores.