Los empleados de la Junta de Extremadura siguen cobrando un kilometraje inferior a la normativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado ha reclamado que la Junta de Extremadura no haya cumplido aún su promesa y obligación de actualizar el importe que paga a sus empleados públicos en concepto de indemnización por uso de vehículo particular para realizar servicios laborales, el kilometraje.

Este compromiso es de obligado cumplimiento tras haber aprobado el Ministerio de Hacienda y Función Pública una subida que quedó fijada 0,26 euros por kilómetro como cantidad mínima, según recoge la Orden ministerial del 17 de julio de 2023, a la cual se han adaptado ya la gran mayoría de comunidades autónomas mientras en Extremadura sigue pagándose a 0,22. 

La normativa estatal entró en vigor en julio de 2023, al día de siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y fue la propia presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien anunció en el Congreso Autonómico de CSIF Extremadura, en mayo del año pasado, la inminente aprobación de un decreto para actualizar el importe del kilometraje por razones de servicio. 

“Casi diez meses después de aquel anuncio, y tras año y medio de la orden ministerial, nada se sabe de ello y los trabajadores siguen poniendo su coche al servicio de la administración y recibiendo por ello una cantidad inferior a la estipulada al no adaptarse aún a la normativa estatal”, reprocha la organización sindical en nota de prensa. 

Además el precio del carburante “está en constante subida desde hace tiempo y especialmente significativa está siendo esta situación en las últimas semanas”, con unos precios de nuevo disparados. A esto se suma la previsión de que el precio continúe al alza con esta tendencia durante todo el año 2025, lo que repercute directamente en el bolsillo de los empleados públicos. 

En este contexto, y si de forma urgente no se actualiza el kilometraje por desplazamiento, CSIF advierde de que dará inicio a las medidas “que sean necesarias para que los empleados públicos de Extremadura no sigan siendo, de nuevo, los grandes perjudicados y discriminados de este país”.

  

  

  

  

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