La distancia entre Ayuso y los sindicatos sanitarios se ensancha antes del juicio de los 5 millones por la prevención de riesgos

Un día antes del encuentro, las esperanzas ya estaban bajo mínimos. Pero ahora la distancia entre la Consejería de Sanidad y las organizaciones de la mesa sectorial que han llevado a la Comunidad de Madrid ante los tribunales es más ancha que en los instantes previos a reunirse. Los sindicatos Amyts, CCOO, SATSE, CSIT Unión Profesional, UGT, CSIF y la plataforma APSeMueve se vieron este martes durante más de dos horas con los responsables del Gobierno regional, que les había convocado al encuentro, para debatir sobre la aprobación de un plan para afrontar los riesgos y las “agresiones físicas o verbales” que, apuntan las entidades, sufren reiteradamente los profesionales que trabajan en centros de salud. El foco ha estado puesto sobre las consencuencias que esto tiene en la estabilidad mental de la plantilla.

Sin embargo, creen que la cita no ha sido más que un paripé para “dilatar el juicio” y poner “excusas”. El conflicto colectivo sobre el que se ha debatido esta mañana estalló en noviembre, cuando los órganos sindicales unieron fuerzas y demandaron al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso “por sus gravísimos y reiterados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales” dentro de los ambulatorios.

La ley vigente, que data de 1995, exige a la administración autonómica elaborar un mapa de riesgos que identifique de las tareas peligrosas del día a día u otras medidas que velen por la seguridad de los trabajadores. Aunque Sanidad insiste en que estos marcos regulatorios ya existen desde 2019, con 197 medidas, se les achaca que la planificación preventiva –es decir, su implementación a nivel práctico– se frenó al estallar la pandemia.

El Gobierno autonómico se enfrenta a una posible sanción de hasta cinco millones de euros, después de acumular un centenar de sentencias que dieron la razón a los denunciantes –profesionales del sector en la región– y obligaron a la administración a indemnizar con hasta 8.000 euros a cada trabajador, según afirmaron los sindicatos y plataformas al presentar la acusación. El juicio, previsto al inicio de este año, quedó pospuesto hasta el próximo 10 de abril y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emplazó al Gobierno regional a reunirse con la parte demandante antes de la reunión.

Al encuentro de este martes, que comenzó a las 10.00 horas y finalizó pasadas las 13.00, habían citado por parte de la administración la viceconsejera de Sanidad, Laura Gutierrez Barreno; el secretario general técnico de la Consejería, Francisco Lobo Montalbán; la directora general asistencial, Almudena Quintana Morgado; el director general de Recursos Humanos, Miguel Ródriguez Roiloa o la gerente asistencial de Atención Primaria, Rosario Azcutia Gómez.

Junto a ellos acudieron dos asesores legales, tanto del departamento en cuestión como de los servicios jurídicos de la Comunidad para asuntos relacionados con problemas de personal. Del otro lado, aunque en un primer momento solo iban a poder acudir un representante por cada entidad demandante, finalmente se accedió a que participaran hasta tres miembros a elección de cada sindicato. Pero de nada les sirvió, y era algo que ya esperaban solo por el tipo de llamamiento que les hicieron.

El tipo de reunión era “incorrecto”

“En lugar de convocar a los responsables de los sindicatos, debían haber convocado a los Comités de Seguridad y Salud para presentar y debatir el contenido del plan, con todas las acciones preventivas que conlleva”, sentenciaron las organizaciones implicadas en un comunicado posterior, que firmaron de manera conjunta.

Esta fórmula a la que hacen referencia es un órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de una empresa –o, en este caso, de la administración pública– en materia de prevención de riesgos. Una de las principales diferencias que tiene respecto a una reunión al uso es que implica una periodicidad trimestral. Es decir, un seguimiento del proceso que les haga partícipes en el tiempo. “A la pregunta de si tienen un presupuesto específico para afrontar este plan, han dado la callada por respuesta y ni siquiera han sido capaces de expresar su posición”, añaden.

“Hemos transmitido nuestra firme posición de no consentir que se continúe trabajando en estas condiciones. Por lo tanto, mientras que el plan no esté en marcha y sea el adecuado para este ámbito asistencial, no retiraremos la demanda”, concluyeron los sindicatos tras el encuentro, que consideraron una escenificación para “ofrecer al juez una prueba de que [la Comunidad de Madrid] se ha reunido con los representantes de los trabajadores”. En toda la región son 15.000 profesionales los que componen los servicios de Atención Primaria.

En resumidas cuentas, los representantes de la mesa sectorial consideran que el reglamento para prevenir riesgos laborales en Atención Primaria está obsoleto y eso pone en peligro no solo a los trabajadores, sino a todo el servicio. La ley actual surgió hace tres décadas, y la realidad en los ambulatorios de hoy dista mucho de la de hace tres décadas. Su denuncia exige la creación de un mapa de riesgos laborales que permita identificar visualmente los principales peligros de cada trabajo, así como un nuevo plan de prevención en su totalidad.

El lunes, un día antes de la reunión, la consejera del ramo, Fátima Matute reivindicó en una visita al Hospital Gregorio Marañón que su objetivo era mostrar a la mesa sectorial que “forman parte” de un proyecto sobre el que ya se estaban “dando pasos”. Ni sus palabras ni las que se dijeron este martes por la mañana parecieron convencer a sus integrantes, con quienes se verá ante los tribunales a mediados del mes de abril.