El comisario de la Policía española que mató a su mujer en Brasil sigue evitando la cárcel diez años después del crimen

Jesús Figón, un ciudadano español residente en Brasil, se presentó en la mañana del 12 de mayo de 2015 en una comisaría de la Policía Civil de Vitoria, la capital del estado de Espírito Santo. Contó a los agentes que había matado a su mujer, una ciudadana brasileña con la que llevaba casado treinta años. También explicó a los policías qué hacía él en su país: Jesús Figón era el máximo representante del Ministerio del Interior español ante las autoridades locales. Este dato ha condicionado durante una década el caso. A poco de cumplirse diez años del crimen de Rosemary Justino Lopes, el comisario de la Policía Nacional Jesús Figón reside en España y no ha pisado un solo día la cárcel. 

En marzo de 2023, ocho años después del crimen, un tribunal del Estado de local condenó a Figón a 9 años, 4 meses y 15 días de cárcel por un delito de homicidio simple, según la denominación del código penal brasileño. La Fiscalía pedía una pena mayor, 11 años, pero el tribunal entendió que Figón “actuó por emoción violenta después de una provocación injusta de la víctima”. Para entonces, el comisario ya había regresado a España y pudo seguir el juicio por videoconferencia. Casi una anécdota entre el cúmulo de circunstancias excepcionales que ha vivido el caso contra el comisario español.

Los abogados de Figón recurrieron a una instancia superior para intentar que el juicio se repitiera por un defecto de forma. No han conseguido ese objetivo pero sí que el Tribunal de Justicia del Espírito Santo (TJES) reduzca la condena a 7 años y 9 meses, informan a elDiario.es fuentes jurídicas locales. La defensa de Figón no ha abandonado su interés en repetir el juicio y ha apelado a la tercera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Brasilia. Un problema en la digitalización de la causa ha retrasado que la causa viaje de Vitoria al tribunal de la capital administrativa del país. Además, se perdió el acta del juicio y los tomos del procedimiento han tenido que regresar físicamente al tribunal que juzgó a Figón. 

Entretanto, la Fiscalía brasileña ha pedido que el comisario español ingrese ya en prisión. El Ministerio Público de ese país, sin embargo, se ha vuelto a topar con la protección diplomática de la que gozaba el comisario español cuando cometió el crimen y a la que el Gobierno del Partido Popular nunca renunció. La defensa en Brasil del policía alega que hasta que no haya sentencia firme, Figón no puede ingresar en prisión. La decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de no renunciar a en su momento a la “inmunidad de jurisdicción” implica que, si llega a ser condenado en firme, Figón cumplirá su condena en una cárcel española. 

Rosemary Justino Lopes, de 50 años y nacionalidad brasileña, falleció por cinco heridas de arma blanca. El comisario asegura que la encontró dormida cuando regresó a casa y ella, que había bebido, le atacó con un cuchillo. En el transcurso de la pelea, la mujer resultó muerta, siempre según la versión del policía.

La sentencia de la Primera Vara Criminal de la Comarca de Vitoria estableció que Figón intentó alterar la escena del crimen para descargarse de responsabilidad. “El acusado es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y tiene el más alto rango de Policía (en Brasil equivaldría al de coronel de la Policía Militar), habiendo ocupado el puesto número 4 del escalafón en un Cuerpo de 80.000 agentes. Eso significa que toda la alteración de la escena del crimen fue minuciosamente pensada por el acusado, profundo conocedor y experto en investigación criminal”, recogía el fallo. 

Al día siguiente del crimen, el ministro de Exteriores de entonces, José Manuel García Margallo, anunció que España renunciaría a la inmunidad diplomática de la que gozaba Figón si se confirmaba que la investigación era por un crimen machista. La inmunidad, dijo el canciller español, “en ningún caso puede servir de coartada en hechos tan deleznables como los que se están investigando allí”.

La realidad fue que Figón ni siquiera fue apartado de su puesto como máximo representante del Ministerio del Interior en Brasil y que España solo renunció a la “inmunidad de jurisdicción”. Eso permitió al país sudamericano hacerse cargo de la investigación y juzgar al policía español pero, al mantener la “inmunidad de ejecución”, Jesús Figón cumpliría cualquier condena en España, siempre que el fallo fuera firme. Si eso ocurre, lo hará en las condiciones que establezca la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior español. 

Un nuevo cargo con inmunidad

Entre el desinterés del caso en España ocurrió otro hecho significativo: Jesús Figón continuó siendo el consejero de Interior de la Embajada de España en Brasil después de matar a su mujer y haberlo reconocido a la Policía local. El puesto de consejero de Interior supone ser el máximo responsable policial de España en una embajada. Estos destinos están cotizadísimos en la Policía por la remuneración que implican y el de Figón no bajaba de los 11.000 euros brutos mensuales. 

Pese a que una comisión de destinos en el Ministerio del Interior elige entre los candidatos, las embajadas se asignan tradicionalmente como una recompensa procedente de la Dirección de cada Cuerpo, la Policía o la Guardia Civil, ya sea por trayectoria, o como ha ocurrido en múltiples ocasiones, por afinidad personal o ideológica. 

En la Policía era conocida la amistad de Jesús Figón con Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía y considerado el artífice de la brigada política del PP durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Figón fue comisario de Alcalá de Henares, el municipio donde aún hoy reside el antiguo DAO, quien será juzgado en 2026 por las maniobras para destruir pruebas del caso de la caja B del PP y para el que la Fiscalía solicita 15 años de cárcel. 

La situación de Figón tampoco cambió cuando, cuatro meses después del presunto homicidio, la Fiscalía brasileña presentó una acusación formal, en septiembre de 2015. El problema para el comisario y quienes le protegían iba a llegar cuando alcanzara la edad de jubilación. Eso ocurrió el 23 de enero de 2016, pero la cúpula policial y el Gobierno de entonces encontraron una solución: Figón seguiría gozando de inmunidad al convertirse en “consejero asesor” de la Embajada española en materia de Interior. El departamento de Jorge Fernández Díaz lo propuso y Exteriores aceptó.  

A los pocos días del crimen de Rosemary, la única hija del matrimonio había abierto la posibilidad de que su padre fuera juzgado en España. Presentó ante la Audiencia Nacional una querella admitida a trámite por el juez Eloy Velasco: un ciudadano español había cometido presuntamente un delito en el extranjero y el tribunal especializado era competente para investigarlo. Pero la Fiscalía brasileña informó a la española que ya había una causa abierta en el país sudamericano y eso obligó al juez Velasco a archivar provisionalmente el caso, después de haber imputado y citado a declarar al policía.

El matrimonio se había conocido en España y llevaban casados treinta años cuando se produjo el crimen, en mayo de 2015. Figón había sido destinado a Brasil en 2012, tras la victoria del PP. El comisario podría conseguir unos considerables ahorros para su jubilación pasando los últimos años de su carrera profesional en el país de su esposa. A los tres años de estar en el país, Figón mató a su mujer a puñaladas.

Jesús Figón cumplió hace una semana 74 años. Hace casi una década que él y sus compañeros se jubilaron. Ingresados en la Policía en los estertores del franquismo o durante la transición, de los que viven, ninguno parece saber de él o interesarse por el caso. Algunos tienen problemas con la justicia porque llegaron a la élite del Cuerpo en lo más oscuro de su etapa reciente, los años de Fernández Díaz en Interior, los de la Operación Catalunya, el caso Kitchen o la guerra sucia a Podemos. 

Una pregunta parlamentaria de la antigua diputada de Compromís Marta Solís permitió saber que la confesión inicial de Figón se convirtió en una versión exculpatoria del crimen. “Durante la instrucción de la causa se ha aducido la legítima defensa en un primer momento y la autolesión de la víctima en un momento posterior”, recogía la respuesta por escrito del Gobierno. “No puede hablarse, pues, de haberse declarado ‘confeso de asesinato’”, añadía.