Familias de Écija acuden al Parlamento a “exigir” responsabilidad a la Junta por sus viviendas, en manos de un fondo buitre

La lucha por una vivienda continúa para casi un centenar de familias vulnerables de Écija. Seis años llevcan ya peleando por recuperar 91 viviendas de protección oficial de las manos del fondo buitre que las adquirió después de que la Junta de Andalucía decidiera sacar a concurso de acreedores la empresa pública que gestionaba esos inmuebles. Ya en 2021, los vecinos se manifestaron a las puertas del Palacio de San Telmo y, ahora, el 27 de marzo de 2025, Carmen, Valle y Milagros han acudido al Parlamento andaluz para entregar un escrito en el que “exigen” que la Junta les reciba para tratar de resolver el asunto, para el que cuentan con el apoyo del parlamentario autonómico de Por Andalucía y coportavoz de Podemos Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, que les ha acompañado este jueves.

Mientras esto ocurría, se ha pronunciado en comisión parlamentaria la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz: “Yo creo que no hace falta recordar que estas 91 viviendas fueron promovidas, en el año 2000, por SEDESA, sociedad de la que era accionista mayoritario el Ayuntamiento”. Durante ese año 2000 y hasta el 2003 estuvo al frente del municipio el Partido Andalucista de Écija, antes de ceder el gobierno local al PSOE. Así, la consejera insiste en que “fue la mala gestión del Ayuntamiento socialista de Écija y la decisión del gobierno socialista de la Junta de revocar las ayudas concedidas a esa sociedad municipal las que provocaron su quiebra y su consiguiente administración concursal”. Eso sí, no es esa “mala gestión” de la empresa municipal lo que los vecinos denuncian, sino la decisión de llevarla a concurso de acreedores. Algo que no ocurrió hasta el año 2013, siendo el PP el que ostentaba la alcaldía de Écija.

En palabras de Sergio Gómez, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, “los socialistas venimos denunciando el uso especulativo que la empresa Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido S.L, actual propietaria de las viviendas, ha ejercido desde el principio en toda esta operación, con la inestimable connivencia de la Junta de Andalucía, que jamás ha movido un dedo para ejercer su derecho de tanteo y retracto”, según ha informado en una nota el PSOE de Écija.

Francisco Tejado Vaca, letrado de las 91 familias, ha declarado este jueves que, “si el juzgado actúa conforme a derecho, necesariamente nos tiene que dar la razón”. Según él, “el Juzgado de lo Mercantil nº2 admitió a trámite un procedimiento concursal que nunca debió haber sido admitido”. El abogado ha explicado que “el Artículo 2.2. de la Ley Concursal vigente en aquel momento lo establecía clarísimamente: las entidades públicas, sometidas al derecho público, nunca pueden entrar a concurso. Y, sin embargo, se admitió”.

La incertidumbre continúa, y ya van seis años

“Estamos esperando una sentencia, sí, pero no sabemos cuál será esa sentencia”. Así ha expresado Carmen, que ha ido al Parlamento en representación del resto de sus vecinos, la incertidumbre que mantiene en vilo a estas 91 familias astigitanas. Una incertidumbre que ha aumentado después de que la Junta mantuviera el argumento de que no es posible aplicar el derecho de tanteo y retracto, como adelantó hace unas fechas Ser Andalucía Centro. Aunque la Consejería de Fomento insiste en que no tienen poder de actuación sobre el asunto, defendiendo la “legalidad” de la compra de estas VPO por parte del fondo buitre, el letrado que representa a las 91 familias discrepa.

“El juzgado no le dio audiencia a los vecinos y vecinas para que pudieran exponer sus alegaciones y, a la vez, ejercitar su derecho legítimo de retracto”. Tejado Vaca ha asegurado que esta es otra de las “irregularidades” que cometió la administración al tratar el caso. Para ilustrar lo que quiere decir, el abogado ha echado la vista atrás a otro asunto, el de las 1860 viviendas de alquiler social que vendió en 2013 el Ayuntamiento de Ana Botella, en Madrid: “Se estableció rotundamente que, antes de adjudicar las viviendas públicas, se tiene que escuchar a la parte que está afectada. Así, instaremos la nulidad de la compra utilizando esos motivos”.

“Del lado de la especulación inmobiliaria”

La empresa Desarrollos urbanísticos la Ría del Rompido, S.L. compró las 91 viviendas por 1,4 millones de euros en julio de 2020. Es decir, a poco más de 15.300 euros por vivienda. Ha contado una de las vecinas que, en un momento, consiguieron contactar con la entidad compradora “a través de una mediación de la alcaldesa de Écija”. Según la afectada, “un abogado del fondo buitre asistió a esa reunión” y manifestó que “iban a intentar llegar a un acuerdo con los vecinos”, pidiéndoles “que no se preocuparan y que no se alarmaran”, lo que se interpretó como un intento de desmovilización.

Sin embargo, más adelante, la empresa intentó venderles a las familias astigitanas el inmueble a razón de unos 45.000 euros por vivienda, cuando ellos asumieron solamente 15.300 euros. El abogado dice que “por mucho que no le guste que la llamemos así, esta empresa es un fondo buitre. Si compras por 15.000 y quieres vender por 45.000... Ya nos explicarán ellos qué es lo que son, entonces”.

Además, Tejado Vaca ha añadido que, con esta “inacción”, el Gobierno andaluz “decididamente se ha puesto del lado de la especulación inmobiliaria, se ha puesto del lado de ese fondo buitre y ha dejado aparcado el derecho de la mayoría social, que son las 91 familias”.