Así afectaría el traslado inmediato de los funcionarios de las mutuas a la sanidad pública en Canarias, según la Airef

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicó el pasado lunes el esperado informe de evaluación que le encargó el Ministerio de Función Pública sobre el modelo de mutualismo administrativo. Es decir, sobre los seguros sanitarios privados que el Estado financia para sus empleados públicos. El organismo desaconseja un traslado en bloque e inmediato de los funcionarios al Sistema Nacional de Salud (SNS), pero propone una incorporación progresiva de los nuevos mutualistas y condiciona esa integración paulatina al refuerzo de la sanidad pública y a la mejora de las listas de espera. 

Según la Airef, en la actualidad son 1,6 millones las personas (entre empleados públicos y familiares beneficiarios) que recurren en España al modelo privado de las tres mutuas: la de funcionarios civiles (Muface), la judicial (Mugeju) y la de las Fuerzas Armadas (Isfas). En Canarias, la cifra supera los 60.000. La incorporación de golpe de todos estos mutualistas al Sistema Nacional de Salud supondría, “de no reforzarse los servicios”, un incremento de las listas de espera quirúrgicas de 1,3 pacientes por cada 1.000 habitantes. Es decir, un aumento del 7,2% en todo el país.

Sin embargo, el impacto no seria igual en todas las comunidades. En Canarias, el aumento sería más moderado, inferior a la media nacional. En concreto, sería de 0,7 pacientes por cada 1.000 habitantes, lo que se traduciría en un incremento del 4,1% en la lista de espera quirúrgica. Sólo Cantabria (con 0,4 pacientes por cada 1.000 habitantes y un 1,4%) y Andalucía (con 0,6 y un 2,5%) estarían por debajo de las Islas.

En cambio, las regiones más afectadas con esta hipotética incorporación de mutualistas a la sanidad pública serían Castilla y León (2,9 pacientes por cada 1.000 habitantes, un 20,6%); Madrid (2,3 pacientes y un 22,1%) y Aragón (2,2 y 9,8%).

También hay heterogeneidad en la simulación del incremento de las listas de espera de consultas con especialistas médicas. En este caso, Canarias estaría por encima de la media. En el conjunto del país, esta lista avanzaría en 24,6 pacientes por cada 1.000 habitantes, desde los 81,6 hasta loa 106,2. O, lo que es lo mismo, en un 30%. En las Islas, el aumento ascendería a 26,1 pacientes por 1.000 habitantes, un 37,4%. Hay que recordar que la espera media para una consulta en Canarias es de 154 días, la más alta de todo el país, y que la Consejería de Sanidad se plantea derivar citas a las clínicas privadas.

En la simulación sobre consultas, de nuevo son Madrid (con 38,9 pacientes por cada 1.000 habitantes y un 36,9%) y Castilla y León (31,6 y 37,9%) las comunidades que presentarían una mayor afectación.

Para realizar estas estimaciones, la Airef ha supuesto que la tasa de frecuentación (tanto la quirúrgica como la de consultas a especialistas) de los funcionarios al incorporarse al Sistema Nacional de Salud sería la misma que la del colectivo de la sanidad pública. Además, ha asumido que todos los mutualistas de Muface, Mugeju o Isfas eran atendidos exclusivamente por medios privados, sin considerar posibles derivaciones a la sanidad pública.

El informe de la Airef, que analiza más de 400 millones de microdatos anonimizados, también hace una estimación del impacto que tendría el fin inmediato del mutualismo administrativo en las consultas de atención primaria. De esta manera, dice que, en caso de que no se reforzaran los actuales servicios, cada profesional de medicina de familia tendría que realizar, de media, casi una consulta más al día (un 3,33% más). Canarias se situaría prácticamente en la media (una consulta más al día, un aumento del 3,1%), mientras que en Extremadura (1,4), Andalucía (1,3), Castilla-La Mancha (1,2) y Murcia (1,2) la afectación sería mayor y en Euskadi (0,3), Catalunya (0,4), Navarra (0,5) y Baleares (0,5), menor.

Por otro lado, la absorción de los mutualistas de opción privada en el Sistema Nacional de Salud también implicaría un reajuste de los fondos que reciben las comunidades a través del sistema de financiación autonómica. Canarias recibiría 7,9 millones de euros menos (un 0,12%). Catalunya percibiría 183,5 millones menos (un 0,72%) y Baleares, 22,6 millones menos (un 0,66%), mientras que Madrid recibiría 79,3 millones más (0,45%) y Andalucía, 103,9 (0,43%).

La consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón (Coalición Canaria), señaló a finales del año pasado que, en caso de que se produjera la integración de los mutualistas en el sistema público, el Estado debía “transferir los recursos necesarios de forma planificada para afrontar el reto”. “El proceso es complejo porque se necesitaría una planificación para garantizar la continuidad asistencial de forma ordenada y accesible para los pacientes y para el propio sistema sanitario de cada comunidad autónoma”, añadió entonces.

Casos de alta complejidad

En el informe recién publicado, la autoridad fiscal propone reforzar los sistemas de información de las mutuas para “la evaluación integral de la calidad asistencial proporcionada por las aseguradoras concertadas, con especial atención a casos de alta complejidad”. Hay un dato llamativo en el documento. El 24% de los funcionarios opta por la provisión pública para ser atendido. Sin embargo, ese porcentaje asciende al 70% en casos de patologías de severidad mayor y extrema.

Aunque sigue siendo la opción mayoritaria entre el funcionariado, la sanidad privada ha ido perdiendo fuerza en los últimos años entre este sector de población. Hace una década, el 86% de los empleados públicos recurrían a la privada. Ahora es el 76%. Desde las asociaciones en defensa de la sanidad pública hasta el Defensor del Pueblo o el sindicato mayoritario en la Función Pública han advertido en los últimos años de que los funcionarios que optan por la sanidad privada no reciben las mismas prestaciones que los que acuden a la pública.

Un estudio publicado a principios del año pasado y en el que participaron dos profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Jaime Pinilla y Beatriz González-López Valcárcel) aportó una “prueba indirecta” de la selección de riesgos en las mutuas, de que las compañías de seguros esquivan a los pacientes de alto coste, que se ven abocador a ir a la pública.

Esa investigación reveló que los ingresos por procesos oncológicos en hospitales públicos de la Comunidad Valenciana eran “desproporcionadamente más prevalentes” entre los funcionarios mutualistas que entre el resto de la población, lo que a juicio de sus autores demostraba que los seguros imponen barreras a los pacientes de alta complejidad.

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