El PSOE defiende ante la jueza de la DANA la acusación popular de los partidos: “Están plenamente legitimados”

El PSOE defiende su personación como acusación popular en la causa de la DANA mientras promueve, al mismo tiempo, una reforma legislativa que va exactamente en dirección contraria: prohibir esta figura jurídica a los partidos políticos. Los socialistas se personaron en las diligencias que instruye la jueza de Catarroja y que, de momento, se han saldado con la imputación de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Tras su personación, la asociación Liberum (originalmente nacida como un movimiento antivacunas en la pandemia de la Covid-19 y que también ejerce la acusación popular en el procedimiento penal de la DANA) solicitó a la jueza que expulsara a los socialistas de la causa, argumentando que algún cargo del PSOE podría resultar investigado. El recurso de Liberum, tal como informó este diario, consideraba que el PSOE “buscaría su verdad”, por lo que la personación del partido en la causa “atentaría contra la propia naturaleza en la condición de imparcialidad y objetividad que se precie en toda fase de instrucción”. 

Por el contrario, la representación jurídica del PSOE, en un escrito del pasado 6 de marzo al que ha tenido acceso elDiario.es, alega que “es incuestionable que los partidos políticos están plenamente legitimados para ejercer la acusación popular”. Por otro lado, el PSOE registró dos meses antes una proposición de Ley Orgánica que pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “con el fin de modular el ejercicio de la acción popular al mandato constitucional”.

En la causa de la DANA, el PSOE va por el camino opuesto. Mientras que Liberum cuestiona la legitimación de los socialistas para personarse como acusación popular “por el mero hecho de ser uno de los partidos políticos que forman parte del Gobierno central”, la letrada del PSOE considera que la alegación “no tiene sustento” y que confunde “personalidades jurídicas”. “Este partido político nunca podría ser investigado por estos hechos”, afirma el escrito.

En todo caso, los organismos que mencionaba Liberum como susceptibles de ser imputados (la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio de Transición Ecológica) “dependerían del Gobierno de España, nunca de este partido político”. De hecho, en su auto de este lunes, la jueza instructora rechaza citar a declarar como investigado a Miguel Polo, presidente de la CHJ.

Los socialistas lamentan la alegación “genérica” de Liberum sobre una “supuesta falta de imparcialidad y legitimación”. “Sin embargo, dicha afirmación carece de sustento legal”, sostiene el escrito. Liberum no “invoca ninguna infracción concreta”, agrega la letrada del PSOE, quien considera que el partido “ha cumplido con las exigencias legales previstas para la personación como acusación popular”.

Además, tampoco acepta la alegación de la asociación antivacunas sobre el “riesgo de judicialización de la política”, que “no tiene ningún tipo de cabida”. “Nos estamos personando en un procedimiento ya iniciado y en el que son parte diferentes acusaciones —entre ellas— la efectuada por Asociación Liberum y que esta representación no cuestiona”, apostilla.