Balón de oxígeno a la clase trabajadora

Desde la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 que trajo consigo recortes en los servicios públicos, congelación de salarios y pensiones, paro y una reforma laboral que dejó completamente desprotegidos a las y los trabajadores, se han ido sucediendo una serie de crisis económicas que han impactado también en la sociedad vasca. Crisis económicas que han llegado sin dejar tiempo a que la gente pudiera recuperarse. Crisis derivadas de la pandemia de la COVID-19, de la guerra en Ucrania, que no son otra cosa que el reflejo de un sistema capitalista en descomposición que ha dejado temblando a las familias y a la clase trabajadora y que amenaza con llevarselas por delante.

El resultado del funcionamiento diario de este sistema voraz ha sido un crecimiento sin precedentes de la brecha de las desigualdades sociales. En un extremo de la brecha están quienes han aprovechado las sucesivas crisis como una oportunidad de lucro, incrementando su riqueza, sus ganancias y patrimonios, y al otro lado está la clase trabajadora que ha quedado empobrecida y que arrastra casi dos décadas de pérdida de poder adquisitivo. Sin olvidar, que fruto también del sistema debemos afrontar otros problemas que ha generado, como la dificultad de acceso a una vivienda digna a un precio asequible y la crisis climática.

Ante este escenario, Podemos Euskadi ha abordado la negociación de la revisión fiscal como una oportunidad para brindar un balón de oxígeno a la mayoría social vasca tras el azote de las sucesivas crisis económicas, convencidas de que era posible mejorar la calidad de vida de todas las personas y al mismo tiempo afrontar los grandes retos que como territorio tenemos por delante. Y, afortunadamente, así ha sido.

El acuerdo en el marco de la revisión fiscal supondrá un alivio para la clase trabajadora, concretamente para las rentas medias y bajas, supondrá un desahogo para los autónomos, micro y pequeñas empresas, mejorará el acceso a la vivienda digna a un precio asequible y, por contra, las rentas altas y los beneficios de las grandes empresas contribuirán más al sostenimiento de los servicios públicos. Tras la aprobación de esta revisión fiscal, el 50% de la población vasca verá mejorada su situación.

En este sentido, y entrando ya en una mayor profundidad en el análisis de las medidas, podemos decir que la clase trabajadora con salarios más bajos, en concreto las 342.500 personas que en Euskadi tienen salarios inferiores a 20.000 euros brutos anuales, no sufrirá retención por IRPF. Esta medida afectará especialmente a las mujeres, personas jóvenes y familias monomarentales, a quienes permitirá contar en su día a día con más recursos económicos. Son 138,5 millones a disposición de la clase trabajadora.

La ciudadanía vasca contará con más apoyos dirigidos a mejorar la conciliación laboral y familiar, con apoyos económicos por contratación de personal para el cuidado de menores o de personas con dependencia o discapacidad, con medidas que impulsan tanto la reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras un parón dedicado al cuidado de sus criaturas, como otras medidas que empujan a los hombres a asumir y responsabilizarse de los cuidados.

Asimismo, apoyamos al tejido económico más vulnerable, a las y los autónomos y a las micro y pequeñas empresas. 76.300 autónomos y 31.300 micro y pequeñas empresas, van a ver mejorada su situación, ya que se posibilita que aquellas que tienen unos rendimientos más bajos puedan descontarse un porcentaje mayor de gasto. De tal manera que ponemos a disposición de 107.600 personas o empresas 52,5 millones que les van a suponer un desahogo importante.

Por otro lado, mejoramos el acceso a una vivienda digna y a un precio asequible a través de diferentes medidas; en primer lugar las personas que viven de alquiler y que tienen salarios brutos inferiores a 20.000 euros al año van a poder recuperar hasta 2.800 euros de los pagos que realizan por el alquiler de su vivienda al presentar su declaración de la renta. En segundo lugar, direccionamos el precio del mercado del alquiler, dado que favorecemos a los propietarios que pongan la vivienda a un precio asequible de referencia, y, por el contrario, perjudicamos con más impuestos a aquellos que no lo hagan. En tercer lugar, impulsamos la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler, penalizando hasta en un 150% el pago del IBI de la vivienda vacía, al mismo tiempo que mejoramos el tratamiento fiscal para animar a que se rehabiliten las viviendas vacías para que salgan al mercado del alquiler. En cuarto lugar, penalizamos subiendo los impuestos a los grandes tenedores y a quienes ejercen una actividad económica y especulativa con la vivienda.

Asimismo, se introducen medidas para impulsar la transición energética tanto de las empresas y autónomos como de los hogares.

Y tal y como señalábamos al inicio, las rentas altas contribuirán en mayor medida al sostenimiento de los servicios públicos, ya que, entre otras cuestiones, no podrán acceder a las deducciones por compra o alquiler de vivienda, dejando esta opción exclusivamente para rentas bajas y medias, lo que provoca un incremento de la recaudación de 18 millones de euros.

Igual efecto traerá la modificación de los tipos de las mal llamadas rentas del ahorro, que se aplicarán a las rentas procedentes de acciones, bonos, inmuebles o participaciones en sociedades, que se recogen en forma de intereses, dividendos, plusvalías o rentas inmobiliarias que pasarán de tributar un máximo de un 25% a un 28%. Una medida que incrementará la recaudación en 10 millones.

Igualmente, establecemos una limitación a las exenciones a las EPSV que se rescatan en forma de capital con lo que recuperamos 3 millones más de euros.

Y, para terminar, incrementamos los tipos en el impuesto de sociedades; por un lado, para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, pasando del 24 al 28%. Y estableciendo un tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades del 19% para aquellas empresas que no estén comprometidas con Euskadi y no mantengan o creen empleo o no realicen inversiones orientadas al sostenimiento y arraigo de la empresa en el territorio.

En definitiva, un acuerdo en materia fiscal centrado en mejorar el bienestar de la mayoría social vasca, que trae novedades importantes importantes, como el acceso de las rentas más bajas sin obligación de declarar al sistema de deducciones, en este caso al de la deducción por alquiler. Un acuerdo que propone soluciones al problema de acceso a una vivienda, a la conciliación familiar y laboral y que impulsa la transición energética del tejido productivo y de los hogares.