Navarra reconoció a 41 víctimas de la violencia policial en 2024

El Gobierno de Navarra ha reconocido ya a 41 personas como víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha. Así se desprende del informe anual elaborado por la Comisión de Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que desde el año 2023, en virtud de una ley aprobada en el Parlamento foral, analiza las solicitudes presentadas.

Desde la puesta en marcha de la comisión, se han recibido 125 solicitudes de reconocimiento, 50 durante 2023 y 75 durante 2024. De ellas, se han resuelto 47, de las que 41 han sido estimadas, una desestimada y cinco han sido inadmitidas. Según ha precisado el presidente de la comisión y director general de Memoria y Convivencia del Ejecutivo Foral, Martín Zabalza, una se ha desestimado por no la “no acreditación de la relación de causalidad entre los hechos y los perjuicios relatados por el solicitante”. La comisión trabaja actualmente en otros 78 expedientes que se encuentran en diferentes fases de tramitación. De hecho, la recepción de solicitudes está abierta hasta julio de 2027 y está pensada, en cuanto al marco temporal, para “víctimas de acciones acontecidas a partir del 1 de enero de 1950 hasta el momento de su presentación”.

El 36% de los casos se refiere a hechos de los años 60 y 70 (coincidiendo con movilizaciones obreras contra la dictadura y otras protestas políticas del tardofranquismo); un 27%, al periodo que va desde 1980 a 1990; y el otro 37%, a una época más reciente, partir del año 2000.

De las 41 víctimas reconocidas, seis fallecieron, una de ellas bajo custodia policial tras ser torturado. Las otras cinco personas fallecieron a causa de disparos efectuados por funcionarios públicos: en un control policial, en disturbios callejeros, en confrontaciones de motivación política y una en el monte, cerca de la frontera con Francia, mientras conducía al ganado.

Además de reconocimiento por muerte, también se ha reconocido a 16 personas por haber sufrido torturas, 12 de ellas estando incomunicadas; a dos por daños físicos y materiales; a seis por daños psicológicos; y a 11 por daños físicos ocasionados por material antidisturbios, arma de fuego y “otro tipo de violencias”.

Entre los daños la memoria recoge una pérdida de globo ocular, tres lesiones en el glóbulo ocular y pérdida de visión o tres heridos por arma de fuego. También se refiere a cinco personas que resultaron heridas durante los Sanfermines de 1978 en los que murió el activista Germán Rodríguez tras ser disparado por un policía; otras cinco heridas en disturbios callejeros y una en las manifestaciones que se produjeron por los conflictos laborales en las minas de Potasas. Además, también se reseña el caso de una persona que sufrió un intento de atentado por parte de un grupo de extrema derecha.

De las 41 víctimas reconocidas, 34 son hombres y siete mujeres. Estas últimas, según ha destacado el presidente de la comisión, Martín Zabalza, sufrieron además “actos de violencia sexual mediante comentarios vejatorios, insultos, tocamientos, culminando en algunos casos en agresión sexual”.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión ha reconocido una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.

La recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.

Martín Zabalza ha destacado que la ley foral que reconoce a estas víctimas es una norma “sin declaración jurídico penal atributiva de responsabilidad” y ha explicado que el Tribunal Constitucional establece en su doctrina una “línea roja” que está “taxativamente vedada a la ley de víctimas de motivación política navarra”. “Como presidente de la comisión puedo afirmar que estamos respetando de forma radical el mandato del alto tribunal. Reconocemos víctimas, sí, pero no identificamos victimarios”, ha aseverado.