El fiscal general confirma que los juzgados tienen abiertas 91 causas por muertes en residencias en la pandemia, un tercio en Madrid

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha informado este martes en una comparecencia en el Senado de que los tribunales todavía están tramitando 91 procedimientos por muertes de ancianos en residencias durante la pandemia. De ellos, un tercio corresponden a la Comunidad de Madrid, donde se están tramitando 27 procedimientos, si bien 8 de los mismos están pendientes de resolución de los recursos interpuestos contra su sobreseimiento provisional.
“Desde mi llegada a la Fiscalía, conocer y analizar las consecuencias de la pandemia y, en especial, los fallecimientos habidos en las residencias, fueron una prioridad para mí. La Fiscalía no podía ser ajena a ese dolor de las víctimas”, ha dicho García Ortiz, que ha mantenido que la pandemia constató la necesidad de replantear el actual modelo residencial. “La prevención, la asistencia y la protección son de gran importancia para fomentar un nuevo modelo de cuidados centrado en las personas”, ha aseverado.
García Ortiz también se ha referido a la denuncia colectiva presentada el pasado octubre por Mareas de Residencias y la Asociación Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias. Esta denuncia estaba presentada en nombre de 109 familiares de 115 personas que en marzo de 2020 vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. El fiscal general ha afirmado que se han abierto diligencias de investigación por cada una de ellas para comprobar si los hechos ya han sido objeto de investigación y, en caso afirmativo, comprobar si se han realizado todas las diligencias necesarias a partir de esta nueva denuncia y si en alguna de ellas constan los mismos hechos denunciados.
Así, ha aseverado que en el supuesto de que existiera un procedimiento penal, se ha remitido la denuncia y solicitado las diligencias que se estimen procedentes. En caso contrario, ha asegurado que se está llevando a cabo una investigación en el seno de la Fiscalía “tratando de realizarlo a la mayor brevedad para evitar la prescripción de los hechos denunciados”.
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