Quiñones (PP) tras autorizar matar 359 lobos en ocho años en la provincia de León: “Era un plan de conservación”
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones (Partido Popular), ha defendido hoy que la autorización oficial para que se pudieran cazar sólo en la provincia leonesa 359 lobos en el transcurso de ocho años, de los 433 que registraba el censo oficial, obedecía a “un plan de aprovechamiento y de conservación” de esta especie.
De esa cifra de 359 lobos autorizados para lo que eufemísticamente la administración de Castilla y León denominaba “capturas” o “extracciones”, entre los años 2013 y 2020 y según los propios datos oficiales de la Consejería que preside Quiñones, finalmente resultaron abatidos a tiros un total de 189 ejemplares de lobo. Eso sin contar las decenas que en la Comunidad cada año mueren por causas diferentes, como caza furtiva, envenenamientos o atropellos.
La estadística arroja que antes de la restricción establecida por el Gobierno al incluir al lobo en el Lespre, en la provincia de León se mataron por disparos con el visto bueno autonómico una media de más de 25 lobos por año, teniendo en cuenta además que en 2018 no se pudo abatir ninguno porque como cúlmen a muchas sentencias el Tribunal Supremo anuló el Plan de Gestión y Conservación del Lobo de 2016. Tales cifras hicieron a Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), a asegurar que “los lobos que se matan en León ponen en jaque su población en España y convierten la provincia en el pozo negro de la gestión del lobo”.
La aprobación en el Congreso
Ahora que tras la maniobra institucional del PP desde el Senado, hasta conseguir apoyos de hasta Junts y PNV para que el lobo vuelva a ser cinegético al norte del río Duero, y en la que Suárez-Quiónes ha tenido un gran protagonismo, el consejero de Castilla y León insistía hoy en rueda de prensa y frente a esa estadística de 359 lobos autorizados para ser cazados que “el objetivo de la Junta nunca fue cazar ” a la especie.
“Cuando gestionábamos la especie antes del año 2021 en que el Gobierno de España lo impidió a todas las comunidades autónomas no era una especie cinegética ordinaria, era un plan de aprovechamiento y de conservación que hacía la Junta de oficio”, remarcó, añadiendo que “el objetivo era el control para evitar los daños excesivos a la ganadería de Castilla y León”. En el caso concreto de León, aquellas cifras de una media de unos 25 lobos muertos a disparos cada año buscaban “ese equilibrio haciendo control” de la especie allí donde la “excesiva población de lobos afectaba de forma grave a la ganadería”. León ha estado muy lejos de encabezar la estadística de ataques de este tipo, que siempre lideran provincias como Ávila.
Es más, el consejero asegura que la caza no era la primera opción: “Siempre” se aportaba por “las medidas preventivas necesarias” y “sólo cuando esas medidas preventivas no tenían eficacia es cuando se iba a las actividades de control”, es decir, a la caza, bien por los propios ganaderos autorizados “o con personal público”. “Es el principio que rige todo esto”, insistió, defendiendo que ahora la Comunidad de Castilla y León retome el mismo sistema de control.
Paciencia para volver a cazar
Sin embargo, Suárez-Quiñones, al contrario que otras autonomías 'loberas', que se han apresurado a avanzar que pronto se podrán volver a cazar lobos en sus territorios, matizó que hay que tener paciencia. Y es que se requiere esperar al nuevo informe sexenal que el Ejecutivo central debe mandar este año 2025 a Europa sobre la situación de la población de la especie, y que “se nutre de los censos de las comunidades autónomas”. “Por tanto, no parece que pueda tener otro contenido que el de estado de conservación favorable”, precisó el consejero de Medio Ambiente, quien acusó al Gobierno de “mentir” en el anterior informe mandado a Bruselas.
Finalmente, el consejero insistió en sus duras críticas a la decisión del Ejecutivo central de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), la cual “ha impedido la gestión y los controles, porque se había informado a Europa de que estaba en una situación desfavorable”.
Por esa misma razón, en estos tres últimos años asegura que tampoco la Junta ha podido realizar controles de lobos en zonas de alto conflicto con funcionarios públicos, “no porque la administración no los gestionara sino porque como el Gobierno de España había informado a Europa que estaba en un estado de conservación desfavorable, que no era cierto, y eso impedía en la normativa que impuso el Gobierno de hecho y de derecho hacer controles de población”. “Impidió absolutamente los controles, aquí, en Cantabria, Asturias y en todas las comunidades autónomas”, concluyó.
