Uno de cada cinco funcionarios de la Junta de Andalucía ha sido testigo de “casos de soborno o fraude”

Uno de cada cinco empleados públicos de la Junta de Andalucía dice haber sido testigo de “casos de soborno o fraude”. Sin embargo, sólo un 9% lo ha denunciado. Es el resultado más llamativo de una encuesta en la que han participado más de 5.000 trabajadores públicos de la administración autonómica entre personal de la administración general (funcionarios y laborales), docentes, personal sanitario, personal de las agencias públicas empresariales y de otros entes instrumentales. La encuesta ha sido realizada por la Oficina Andaluza Antifraude para conocer la percepción que el personal empleado público de la administración andaluza tiene sobre la lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía.

La encuesta pedía a los encuestados que mostrasen su acuerdo o desacuerdo con varias afirmaciones. “No he sido testigo ni tengo constancia de casos de soborno o fraude” es una de ellas, con la que el 80% está de acuerdo y el 20% está en desacuerdo. Además, el 16% ha usado sus contactos “para obtener beneficios en un servicio público” y un 44% dice que en alguna vez han intentado usar el contacto con ellos para beneficiarse en un servicio público.

Eso, en cuanto a la relación directa con supuestos de soborno, fraude o privilegio en el acceso a servicios públicos. La percepción indirecta, lógicamente, es aún mayor. Así, el porcentaje de quien ha escuchado casos de corrupción referidos por otros sube es del 54%. Es decir, más de uno de cada dos trabajadores públicos de la Junta admiten conocer “personas que dicen haber sido testigos” de casos de soborno o fraude.

Un 9% de los encuestados asegura haber denunciado. La encuesta cuestiona por los motivos de no denunciar estas conductas. Un 56% dice que no denuncia porque no sabe dónde; el 84%, porque no puede obtener pruebas; el 60%, porque no sirve para nada; un 66% se escuda en los demás, porque “todo el mundo sabe lo que pasa pero nadie denuncia”; y hasta un 81%, ocho de cada diez encuestados, dice que “puede haber represalias por denunciar”.

Así que el 47% concluye que sólo denunciaría si sabe que eso no le generará ningún problema. El 32% afrontaría esos problemas y el 21%, dos de cada diez, no denunciarían “en ningún caso”.

La Policía es la institución en la que más confían para denunciar, hasta el 37%, seguida por los juzgados (34%), la Oficina Antifraude (10%) y la prensa (7%). Los cauces internos apenas merecen la confianza del 3%.

“La corrupción es parte de nuestra cultura”, según el 37%

La encuesta va más allá del hecho y ahonda en qué subyace a estos casos. “La corrupción es parte de nuestra cultura” es una afirmación con la que están de acuerdo el 37%, mientras que un 60% se explica la existencia de la corrupción “porque la administración es ineficiente”.

Tres de cada cuatro funcionarios creen que los andaluces cumplen las leyes “bastante/siempre”, mientras que uno de cada cuatro cree que sus conciudadanos cumplen “poco/nada”. Por administraciones, confían más en el Gobierno andaluz que en el Gobierno de España. El andaluz genera “bastante/mucha” confianza en el 42% de los trabajadores públicos de la Junta, mientras que en el Gobierno de Pedro Sánchez confía “bastante/mucho”. el 29% de los encuestados. A contrario, al 71% le genera “poca o ninguna confianza” el Gobierno de España, y al 58% le da “poca o ninguna confianza” el Gobierno de Moreno.

Eso sí, hay una respuesta para la esperanza: la mayoría, el 69%, cree que la situación va a mejor y la corrupción en Andalucía se ha reducido en el último año.

“Creemos que esta encuesta confirma lo que llevamos tiempo advirtiendo: la Junta de Andalucía es la administración más politizada de España”, valora un portavoz de SAF. Para el sindicato mayoritario en la función pública andaluza, la proliferación de puestos de libre designación (que facilita, por ejemplo, el cese de la interventora general) es la “piedra angular” de los problemas de corrupción. Y advierte que la valoración “subjetiva” del desempeño del funcionario por parte de cargos políticos, que contempla la nueva ley, agravará el problema.

El trabajo fue elaborado con un cuestionario distribuido en el tercer trimestre de 2023 al que respondieron 5.200 trabajadores, a los que se considera representativos de los 270.000 trabajadores y trabajadoras de la Junta de Andalucía.

Un aumento de las denuncias

La Oficina Antifraude Andaluza es un organismo público, independiente pero adscrito al Parlamento de Andalucía, creado para la prevención del fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que perjudique los intereses públicos de Andalucía. Desde 2021 hasta septiembre de 2024 había registrado 1.233 denuncias, la mayoría de ellas en los nueve primeros meses del año pasado, 732. Casi el doble de las 464 que recibió en todo el año anterior.

La administración local es la más señalada, con casi 300 denuncias en 2024. La Oficina también recoge denuncias contra personas privadas, incluso aunque no tengan relación con la administración. La mayor parte de las denuncias son por la provisión y selección de puestos, seguido de autorizaciones y licencias y contratación. A pesar del aumento de su actividad, más de la mitad de los empleados públicos andaluces (el 59%) no la conocen.

Su creación, en 2021, era una de las medidas estrella de la ley autonómica impulsada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno, que llegó al poder articulando un discurso sostenido, en gran parte, en las denuncias de graves casos de corrupción de anteriores gobiernos socialistas.

Marta Blázquez (letrada de la Junta) es su directora desde que dimitió Ricardo Puyol, quien alegó que el pacto para renovar el CGPJ podía afectar a su plaza judicial. A pesar de tratarse de un organismo autónomo, su eficacia está en parte supeditada al impulso político que le den los partidos: el PP vetó que el Parlamento abordara la situación del director general de Pesca, señalado por la Oficina por sus incompatibilidades. Tras constatar las irregularidades, la Oficina le impuso una sanción consistente en publicarlas en el BOJA.