Los desahucios en Canarias casi triplican las ocupaciones ilegales de vivienda pese a la moratoria para los más vulnerables

Los datos oficiales muestran que los desahucios en Canarias casi triplican las denuncias por ocupaciones ilegales de vivienda en los últimos meses. De acuerdo con las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Archipiélago registró 1.304 lanzamientos en los primeros tres trimestres de 2024, una media de 4,77 al día. El promedio de las okupaciones, sin embargo, es de 1,81 por jornada, casi tres veces menos (2,6 veces menos, para ser más exactos).

Estos últimos datos son del Ministerio del Interior. Reflejan los “hechos conocidos de infracciones penales por allanamiento o usurpación de inmuebles”. En las Islas, el año pasado hubo 663 denuncias por ello, el dato más alto de toda la serie histórica, que comenzó en 2013. Los “hechos esclarecidos” por lo mismo, estos son, aquellos en los que pudo detenerse al autor del delito o la investigación reveló que, en realidad, no hubo infracción, caen a 476.

El análisis de los desahucios y las ocupaciones ilegales de vivienda en las Islas muestra, primero, que los lanzamientos han descendido desde hace una década, cuando lo normal era registrar más de 4.000 al año; segundo, que las ‘okupaciones’ han aumentado por dos su frecuencia en el mismo periodo (hubo 325 en 2014); y tercero, que, a pesar de ambas tendencias, el drama que sigue afectando a más familias es el de verse en la calle por no poder pagar un alquiler o una hipoteca.

Y esa tragedia afecta casi tres veces más al Archipiélago que las ocupaciones ilegales de vivienda pese a la moratoria antidesahucios para los más vulnerables. En el momento más duro de la pandemia, el Gobierno nacional aprobó un decreto por el que se suspendían los lanzamientos de las familias declaradas vulnerables hasta nuevo aviso. Ese decreto se ha prorrogado todos estos años, también en 2025. Y según una estimación del Observatori DESCA, ha evitado expulsar de sus hogares a más de 58.000 familias en alquiler.

No obstante, en Canarias no ha podido impedir el desahucio de Fernando Herrera, cuya casa fue vendida por la Iglesia en 2006 y ahora su propietario, una empresa de camiones, la reclama. Tampoco el de Carmen (nombre ficticio), que reside en una vivienda social con su hijo y sufre una discapacidad del 68%. Y la misma suerte ha corrido Susana, en la calle con cuatro hijos y tras sobrevivir a violencia machista. Todos esos casos han sido contados en Canarias Ahora.

Todos ellos forman parte de una realidad opacada por el Partido Popular, socio de Coalición Canaria (CC) en el Gobierno regional, y Vox, pues ambas formaciones llevan años incluyendo en su lista de prioridades la lucha contra la ocupación ilegal, dejando en un segundo plano la protección de las personas más vulnerables.

“En un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya”, proclamó el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la pasada semana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

En Canarias, el PP de las Islas ha hecho su particular discurso al respecto en la Cámara autonómica. El diputado Jacob Qadri dijo en el último pleno que hay que “combatir la injusticia y la inseguridad que supone este fenómeno” ya que, según sus datos, “cada doce horas se ocupa de forma ilegal una vivienda en Canarias”. Cifra incorrecta, según lo expresado anteriormente en base a los registros del Ministerio del Interior.

Qadri dice que “cientos y cientos de canarios” se sienten “solos y abandonados por parte del Gobierno de España desde que Sánchez está en La Moncloa”, pues “no solo ven cómo les arrebatan su propiedad, sino que para más humillación tienen que pagar el agua, la luz e incluso ver cómo pueden empadronarse allí”. La ocupación ilegal de vivienda afectó el año pasado a 663 casas canarias, un 0,06% del total (casi 1,1 millones de pisos).

El consejero de Vivienda del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez (CC), calificó las palabras de Qadri de “excesiva alarma” y apuntó que “los datos muchas veces no son tan alarmistas como los que plantean algunos medios de comunicación o algunos partidos políticos”.

La encuesta de 40 db para la Cadena SER y El País en febrero, de hecho, reveló que uno de cada dos españoles cree que el fenómeno de la ocupación afecta al 51,3% de la población. Sin embargo, el número de ‘okupaciones’ en el conjunto nacional fue de 15.289 en 2024, es decir, afectó al 0,057% de casas, lo que sugiere que la percepción del problema es 893 veces mayor de lo que realmente es.