Asuntos sin consenso

Cuando he dado talleres de periodismo suelo explicar la diferencia entre el interés general y el interés público. El primero no necesita ser alimentado: parece que a la mayoría le apetece saber qué vistió la reina Letizia en tal evento o cómo fue el gol que dio la victoria en el último minuto al equipo. Pero el buen periodismo incluye en el cóctel el interés público. Es decir, aquello que, aunque no sea atractivo para la mayoría (lo que no tiene interés general) es fundamental para el funcionamiento de una sociedad, del ámbito público. Un ejemplo claro: el debate o análisis de los presupuestos del Gobierno autonómico puede parecer un tostón, pero hay que hacerlo y difundirlo porque de ello dependen muchas cosas que van a pasar durante el año, porque detrás de cada cifra farragosa hay una manera de 'ordenar la sociedad'.

Leo que, según la alcaldesa de Santander, la orden de la Fiscalía de Memoria Histórica de cambiar en el plazo de un mes los nombres de, al menos, 16 calles de la ciudad que incumplen la ley es un tema dudoso porque “la memoria histórica no es un asunto de consenso entre toda la población”. Es decir, que no es de interés general. Sin embargo, cualquier sociedad democrática avanzada considera que es de indudable interés público poder vivir en ciudades y pueblos cuyas calles y plazas no lleven los nombres de aquellos hombres —casi siempre son hombres— cómplices o protagonistas de un régimen dictatorial que, además, una vez terminada la guerra que tantas cosas justifica, utilizó la represión y la violencia como forma de dominación.

No es solo el Ayuntamiento de Santander el que incumple la ley. Otros municipios de Cantabria están en rebeldía en esta materia y uno tiene que soportar caminar por calles de diversos pueblos viendo el yugo y las flechas estampados en fachadas de edificios de viviendas o de templos católicos. Eso sería lo mismo que caminar por Berlín o por Duderstadt con esvásticas rotuladas en cualquier calle. Inimaginable.

La ley no deja lugar a dudas sobre lo que hay que hacer, tampoco puede haber 'opiniones' al respecto —al igual que nadie discute que si vas a 150 kilómetros por hora mereces una fuerte multa y perder unos puntos del carnet—. La única posibilidad sería abrir el melón de la resignificación de espacios, pero para eso ya vamos tarde.

Cualquier sociedad democrática avanzada considera que es de indudable interés público poder vivir en ciudades y pueblos cuyas calles y plazas no lleven los nombres de aquellos hombres —casi siempre son hombres— cómplices o protagonistas de un régimen dictatorial que, además, una vez terminada la guerra que tantas cosas justifica, utilizó la represión y la violencia como forma de dominación

Hubiera sido magnífico que se resignificara las Caballerizas de La Magdalena con una exposición permanente sobre el terrible campo de concentración que allí operó o que la controvertida Pirámide de los Italianos contuviera una explicación precisa del papel de las tropas fascistas de Mussolini en la región, o que se hubiera recuperado el nombre remoto de Plaza de la Libertad para la actual Plaza Pombo y se explicaran todos los cambios de denominación que ha sufrido (de Isabel II, de José Antonio, etcétera), pero eso no se ha hecho y no se va a hacer.

Es posible que las y los santanderinos no hablen de memoria histórica en la barra del bar y, desde luego, es verdad que no hay consenso sobre una versión de la historia que nos parezca a todas y todos razonable. Pero sí hay un consenso nacional e internacional sobre qué es una violación de derechos humanos, sobre lo que es una dictadura y sobre las consecuencias que tiene para la vida de los ciudadanos y para sus libertades. El régimen de Franco lo fue y sus consecuencias fueron funestas para miles de cántabros y cántabras: muerte, cárcel, exilio, silencio, deportaciones internas, castigos, disciplinamiento, etcétera.

La única manera de ir cerrando heridas —como algunos piden— es limpiar nuestras calles de los innombrables. Los ciudadanos de a pie no podemos permitirnos el lujo de incumplir las leyes con las que no estamos de acuerdo —y pueden ser muchas—, así que no debería hacer falta que un fiscal, con varios lustros de atraso y pasividad estatal, amenace con multas o denuncias a un Ayuntamiento, porque, como también he leído, los responsables políticos están “para cumplir la ley”.