La PAH exige explicaciones al Gobierno en el Congreso por los desahucios en Cantabria

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha trasladado al Congreso de los Diputados su preocupación por la “intensificación” de los desahucios forzosos en Cantabria. La diputada de Podemos Ione Belarra en nombre de la organización, ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno tras el desalojo, este martes, de una familia en situación de vulnerabilidad en la localidad de Sancibrián, en el municipio de Santa Cruz de Bezana.

El caso, que ha tenido lugar hoy 1 de abril tras un primer intento infructuoso el pasado 17 de marzo, ha generado --según la PAH-- una “fuerte alarma social, no solo por la ausencia de alternativa habitacional para la familia afectada, sino sobre todo porque se produjo pese a la existencia de medidas cautelares dictadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC), que desde el 20 de enero de 2025 había solicitado formalmente al Estado español la suspensión del lanzamiento hasta que se garantizara una solución habitacional adecuada”.

Según la plataforma, el desalojo se ha llevado a cabo este martes con un operativo policial “de gran envergadura” y, según señala, “con un uso de la fuerza absolutamente desproporcionado para un procedimiento que afectaba a una vivienda habitual y a personas reconocidas como vulnerables”.

La pregunta registrada por la diputada Belarra solicita al Gobierno que aclare si el órgano judicial competente solicitó expresamente el auxilio de la fuerza pública, si determinó el número de efectivos desplegados y, en caso contrario, quién tomó esa decisión y bajo qué criterios.

La iniciativa también interroga al Ejecutivo sobre los protocolos que sigue el Estado para ordenar actuaciones policiales en lanzamientos de personas sin alternativa habitacional, especialmente cuando existen medidas internacionales vigentes que ordenan su suspensión.

La PAH ha afirmado que este caso “no es una excepción, sino una muestra más de la reactivación de los desahucios en todo el Estado sin que se garantice el respeto a los derechos humanos ni el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España”.

“Estamos ante una vulneración flagrante de un tratado internacional ratificado por el Estado. Desoír a Naciones Unidas no solo es una falta grave de responsabilidad institucional, sino un desprecio directo a las familias que ven vulnerado su derecho más básico: tener un techo”, ha declarado la PAH.

La Plataforma ha exigido una respuesta inmediata del Gobierno y anuncia nuevas acciones de denuncia y movilización tanto en Cantabria como en el resto del Estado para “frenar los desalojos sin garantías y forzar un giro en las políticas públicas de vivienda”.

“No podemos normalizar que se ignoren resoluciones internacionales de derechos humanos ni que se actúe con violencia institucional contra quienes más necesitan protección. Es una cuestión de legalidad, pero también de dignidad democrática”, ha concluido la organización.