El Gobierno coordinó en varias reuniones con la Generalitat la petición de fondos a la UE por la DANA que ahora critica el PP
El Gobierno central y la Generalitat Valenciana se reunieron en tres ocasiones para trabajar la propuesta del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para paliar los daños de la DANA del pasado 29 de octubre. El Ministerio de Hacienda detalla las reuniones presenciales y las comunicaciones mantenidas con el Ejecutivo de Carlos Mazón y los ayuntamientos afectados hasta cuantificar en 4.404 millones de euros la petición formal a Bruselas. La cronología, afirma el departamento que dirige Maria Jesús Montero, “refleja la existencia de una relación fluida y fructífera entre las distintas administraciones, algo que resulta fundamental para una gestión eficiente que permita combatir con éxito los efectos de la DANA”.
El Gobierno central inició el proceso para pedir estos fondos de emergencia el pasado 4 noviembre, a través de una carta remitida a la Comisión Europea, donde comunicó formalmente la medida. Casi tres meses después, en vísperas de que venza el plazo -algo habitual para poder recopilar más información y hacer un examen de daños exhaustivo-, el Gobierno central ha remitido la documentación que justifica los fondos solicitados. El grupo socialista en el Parlamento Europeo pidió en el plenario que estos fondos se tramitaran con carácter de urgencia para que la ayuda no se demore.
Horas después de cuantificarse la petición, el Ejecutivo valenciano cuestionó el importe y el procedimiento. El president Mazón aseguró que el Gobierno no ha “trasladado ni coordinado” la petición de acogerse al Fondo Europeo de Solidaridad y afirmó no tener información al respecto: “El Gobierno ha solicitado esto sin trasladarnos la petición para que la pudiéramos analizar, tan pronto como nos la trasladen, pues podré hacer una valoración”, ha asegurado. Casi a la par, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha censurado la “opacidad” del Gobierno, “contradicciones internas” en el seno del Ejecutivo y las “falsedades” de los ministros: “La Conselleria de Hacienda envió daños al Ministerio por un importe de 1.357 millones de euros que eran elegibles para estos fondos, pero de estos a los 4.400 que anuncia el Gobierno no tenemos ninguna información”, ha asegurado, incidiendo en que “no nos ha trasladado ese desglose de esta petición”.
El Ejecutivo del PP lleva una semana, desde que la alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, afirmara que el Gobierno no había pedido la ayuda, sembrando dudas sobre estas partidas. La alcaldesa aseguró desde Bruselas que el ejecutivo de Pedro Sánchez no había solicitado su adhesión al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para obtener fondos para la reconstrucción, pese a que se comunicó esta petición una semana después de las inundaciones. Mazón llegó a afirmar que Pedro Sánchez envía más ayudas a Gaza que a Valencia, una frivolidad que le valió numerosos reproches. Los datos y el propio vicepresidente de la Generalitat, Francisco José Gan Pampols, desmintieron el bulo del PP.
Los populares se dedican ahora, una vez cuantificado el fondo, a dudar de los criterios y de la ayuda solicitada y a acusar de “opacidad” al Ejecutivo, como si no hubiera tenido en cuenta sus peticiones. El ministerio, a través de un comunicado, detalla que se reunió con el equipo de Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana, que depende directamente de Presidencia, en tres ocasiones, y mantuvo conversaciones telefónicas con los responsables para aclarar dudas y ayudar con el proceso de documentación. Según el departamento que dirige Maria Jesús Montero, el 30 de octubre, un día después de la DANA, “facilitó toda la documentación necesaria para que preparasen su estimación de daños y gastos elegibles”. Las reuniones entre Gobierno y Generalitat se produjeron los días 27 de noviembre, 10 de diciembre y 20 de diciembre, a la que asistieron representantes autonómicos de fondos europeos, la directora general y el secretario autonómico de Economía. La Generalitat envió su primera estimación de daños el 5 de diciembre y la completó el día 23 con información adicional, tras plantear varias dudas. Según el ministerio, hasta el día 15 de enero la Generalitat y el Gobierno aún estaban aclarando dudas sobre el carácter asegurable de algunas peticiones.
Sobre los importes, el Gobierno señala que la estimación presentada por la Generalitat Valenciana - de unos 1.300 millones de euros- se complementa con la realizada por la Administración General del Estado y la recabada por las Entidades Locales afectadas. Es por ello que el importe es muy superior al que inicialmente estimó el Gobierno autonómico. Con todo, se espera que el importe que autorice la Unión Europea sea inferior al solicitado.
0