Menores migrantes, no en mi comunidad autónoma

Imagínate que el gobierno decidiera repartir por España a las víctimas de violencia de género que viven en casas de acogida. Imagínate que acordase el reparto con Junts como parte de su juego de equilibrios parlamentarios, y que hubiera comunidades que rechazasen el reparto por tocarles demasiadas, ¿qué diríamos? Imagínate el mismo caso con enfermos psiquiátricos internados en centros. O con mayores dependientes en residencias, niños huérfanos o en desamparo, familias que han perdido su casa por un desastre natural…

Alto ahí, Isaac, que ya sabemos por dónde vas, listillo. Pero es un poco tramposa la comparación de cualquiera de esos colectivos con los menores migrantes no acompañados. Los del primer párrafo son víctimas o personas en situación de necesidad, mientras que los menores migrantes… Bueno, también son un poco víctimas y tienen un poco de necesidad, pero no comparemos: los del primer párrafo no generan problemas de convivencia e inseguridad, mientras que los menores migrantes… Bueno, los datos dicen que tampoco tanto, pero hay partidos, medios y redes sociales que lo repiten a diario, será por algo. Además, los del primer párrafo son españoles, mientras que los menores extranjeros… salvo que sean ucranianos, claro, que fueron muchos más y los integramos con facilidad. Vale, listillo, te doy el argumento definitivo: los del primer párrafo no son menas. Y ya está.

Da igual las veces que repitamos que se trata de niños, que están sin familia, que han venido en condiciones difíciles y necesitan ayuda, o que invoquemos los derechos humanos, todo da igual: son menas. Y punto. Pocas veces un colectivo ha sido deshumanizado y criminalizado en tan poco tiempo y con tanto éxito como estos menores: cógete la prensa de ayer y verás cuántos medios hablan con normalidad de “menas”, pero sin comillas, con naturalidad, haciendo propio el lenguaje de la ultraderecha. También el lenguaje de la derecha “moderada”, que hace tiempo que comparte vocabulario.

En la respuesta a los menores migrantes hacinados en Canarias, nadie ha estado a la altura: ni el gobierno ni las comunidades autónomas. El gobierno, convirtiendo a los menores en mercadeo parlamentario, acordándolo con un partido de derecha que juega al “yo no soy racista pero…”, sin hablar con las comunidades, y finalmente repartiéndolos mediante una fórmula tan críptica como la factura de la luz, con un resultado mal explicado y que regala titulares a sus adversarios: “30 a Cataluña, 700 a Madrid”, “Puigdemont impone migrantes a las autonomías del PP”. Por su parte, las comunidades autónomas se han entregado al nimbysmo más mezquino: menores migrantes, no en mi casa.

El nimbysmo, del acrónimo inglés NIMBY (Not In My Back Yard, no en mi patio trasero), hacía furor años atrás cada vez que un ayuntamiento realojaba población chabolista en un barrio. Cierto que las políticas de realojo a menudo dejaban mucho que desear, favorecían la creación de guetos, no destinaban recursos suficientes y se desentendían de la integración. Pero el rechazo vecinal saltaba como un resorte y se movilizaba con solo plantearse la posibilidad: no los queremos en nuestro barrio, no en mi patio trasero. Si encima eran gitanos, no te cuento.

La diferencia con los menores migrantes es que el rechazo viene por arriba antes que por abajo: son los gobernantes, partidos y medios quienes azuzan en la gente el miedo al “mena”, que junto al “okupa” es el coco de nuestro tiempo. En ambos casos exagerando la dimensión: igual que la ocupación es un problema mucho menor que su repercusión mediática y política, también la acogida de menores migrantes es un asunto tan pequeño (unos pocos miles de niños y adolescentes) que debería resolverse con facilidad, sin regateos, sin Junts, sin bulos, sin resistencias y con recursos suficientes. Pero es que son menas, y con ellos vale todo.