El Gobierno andaluz admite ahora que es “responsable civil subsidiario” en el caso por malversación con contratos troceados

El pasado 7 de marzo, el Gobierno andaluz solicitó a la jueza su personación como “parte perjudicada” en la causa que investiga un supuesto delito de malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en la provincia de Cádiz, en el ejercicio 2021. La magistrada que instruye el caso, Rosa García, aceptó la personación de la Junta, después de rechazar dos intentos previos de acceder a la instrucción sin aclarar su posición procesal, es decir, si se personaba como acusación o como defensa.

Una semana después de tener acceso a la investigación, aún en fase muy incipiente, los abogados del SAS han dirigido otro escrito a la jueza cambiando su posición procesal, y presentándose como “responsable civil subsidiario” de los delitos que se investigan. “Esta representación letrada ha tenido conocimiento de la existencia de actuaciones relativas a unas Diligencias Previas, viniendo a personarnos por medio del presente escrito en las actuaciones indicadas, en nombre y representación del Servicio Andaluz de Salud como posible responsable civil subsidiario”, reza el escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz, fechado el 17 de marzo, y al que ha tenido acceso este periódico.

La investigación judicial sobre el fraccionamiento de contratos del SAS parte de una denuncia de Podemos por posible malversación de fondos y prevaricación. La formación morada ha mostrado estupor por el cambio de posición de los abogados de la Junta, que en una semana han pasado de ser “perjudicados” a admitir su “responsabilidad civil subsidiaria” de los hechos investigados.

Preguntados por este periódico, desde de la Consejejería de Salud no aclaran el último movimiento de sus letrados, si se trata de un cambio de posición procesal, o si pretenden compaginar ambas figuras, algo que los abogados de Podemos ven “técnicamente imposible”. “O eres perjudicado o eres responsable, las dos cosas son incompatibles. Cuando lleguen los testigos citados a declarar, la Junta tiene que aclarar en concepto de qué les va a preguntar”, explican fuentes del caso, que sopesan la posibilidad de que la magistrada expulse al Gobierno andaluz de la instrucción “si no clarifica su posición”

La jueza Rosa García, así como la Fiscalía, ha reclamado al Gobierno de Juan Manuel Moreno documentación sobre el procedimiento de contratación del SAS, incluido los informes definitivos desfavorables de los interventores del SAS en Cádiz, donde censuran el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos millonarios con la misma empresa y por el mismo objeto, para “eludir” la legislación.

Entre enero y diciembre de 2021, los centros provinciales del SAS en las ocho provincias firmaron contratos por obras, servicios y compra de bienes y suministros con empresas privadas por un importe total de 4.141,6 millones de euros. Casi una tercera parte –el 29,58% (1.225,3 millones)– fueron contratos menores, la mayoría no superiores a 30.000 euros, aunque cientos de ellos fueron adjudicados a dedo a las mismas empresas, alcanzando cifras millonarias.

Los auditores denunciaron un “abuso” de la figura del contrato menor en el SAS, que se repetía en todas las provincias andaluzas, y que motivaron la apertura de una investigación interna ordenada por la Intervención General de la Junta. El contrato menor es una figura que recoge la ley para servicios, bienes y prestaciones en situaciones de urgente necesidad, pero los interventores atestiguaron que el SAS encadenada cientos de contratos menores con la misma empresa para pagar el mismo servicio, lo cual “vulnera” la Ley de Contratos del Sector Público.

La jueza de Cádiz ha remitido este miércoles a las partes -Podemos y la Fiscalía- una providencia preguntándoles sobre la solicitud del Gobierno andaluz de personarse ahora como “responsable civil subsidiario”. Tanto la acusación particular como el Ministerio Público tienen tres días para responder a la magistrada.

Precisamente este martes, a preguntas de los periodistas sobre la personación del Gobierno andaluz como parte perjudicada en la causa de los contratos fraccionados, el presidente de la Junta defendió el procedimiento del SAS y confió en que el caso quedará “archivado”. “La contratación menor en las centrales provinciales del SAS se remonta a tiempo inmemorial, eso es lo que me están pasando a mí. Yo estoy viendo aquí una ficha”, dijo Moreno, señalando “una ficha que me han pasado” sobre el atril, “y estoy viendo de qué año vienen los contratos y son décadas, por tanto no es una práctica nueva que haya puesto este gobierno. Y además es una fórmula completamente legal y con todo el respaldo jurídico. La información que me pasan del SAS es ésta y estoy convencido de que todo quedará en un archivo”, sentenció.

El escrito de los letrados del SAS a la jueza del caso ha alterado el debate previsto en la sesión plenaria de hoy en el Parlamento. El diputado socialista Rafael Márquez ha dicho desde la tribuna que es “completamente contradictorio” que la Junta se persone como perjudicada, “admitiendo por tanto el fraude y comprometiéndose a devolver” lo supuestamente malversado; y ahora quiera personarse como “responsable civil subsidiario”, abriéndose a “reintegrar lo defraudado en caso de que los responsables directos no puedan pagarlo”. “¿Están diciendo que se van a pagar a sí mismos? Esto demuestra lo nervioso que está el Gobierno de Moreno”, ha sentenciado.