Los pueblos metropolitanos se enfrentan al Ayuntamiento de Granada por la implantación de la zona de bajas emisiones

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada, que entrará en vigor el 1 de abril, ha abierto un conflicto entre el Ayuntamiento de la capital y los municipios del área metropolitana, que albergan a más de 300.000 personas que acuden regularmente a la ciudad y que denuncian que la medida ha sido impuesta sin consenso, lo que afectará gravemente a la movilidad de miles de personas. Una batalla en la que, mientras el Consistorio defiende su implantación argumentando que tiene que cumplir con la normativa estatal, que sí lo ha consenduado con los afectados y que es urgente para reducir la contaminación, hasta los comerciantes han presentado su propias alegaciones ante el temor por las consecuencias económicas que se deriven.

Lo cierto es que Granada es, junto con Madrid y Barcelona, la ciudad que más contaminación atmosférica registra habitualmente. Por ello, medidas como delimitar zonas de bajas emisiones parecen prácticamente obligatorias. De ahí quese haya desarrollado una ordenanza municipal que está en periodo de alegaciones, pero que establece unos requisitos que no acaban de convencer a los municipios y habitantes del área metropolitana de Granada. Entre otros motivos porque la ZBE afecta prácticamente a todo el entorno urbano y no se sectoriza a barrios concretos.

A partir de la entrada en vigor de la ZBE, los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT (diésel anteriores a 2006 y gasolina previos a 2001) no podrán circular por ella, salvo que cumplan alguna de las excepciones contempladas. Estos vehículos, si provienen de fuera de Granada, deberán estacionar en uno de los 13 aparcamientos habilitados al borde la ciudad para evitar su circulación por el centro.

No obstante, existen excepciones para vehículos de emergencia, transporte público, servicios esenciales y residentes en la capital. Además, quienes acudan a consultas médicas o tengan movilidad reducida podrán solicitar permisos especiales. Pero el problema principal reside en que se establece un límite que afecta directamente al domicilio de los que circulen dentro y fuera de la ZBE.

La polémica del padrón

Según la normativa, el padrón será clave para evitar las restricciones si el vehículo está censado en Granada, por lo que los municipios metropolitanos critican que a los residentes de los pueblos cercanos no se les apliquen las mismas excepciones, a pesar de que dependen de Granada para servicios básicos, estudios y empleo. No en vano, Granada y su área metropolitana se configuran como un gran núcleo urbano que aglutina a más de medio millón de personas entre la capital y las decenas de localides que la componen.

Algo a lo que hay que añadir la antigüedad del parque móvil que circula a diario. Granada, como el resto de Andalucía, tiene un parque de vehículos envejecido ya que la edad media de los turismos y todoterrenos en tierras andaluzas se sitúa en 14,7 años, superando la media nacional de 14,2 años, según datos de la consultora Ideauto y Faconauto. Es decir, de acuerdo con estos datos es fácil deducir, estadísticamente, que een Granada, la antigüedad del parque móvil es similar, con un porcentaje alto de vehículos sin distintivo ambiental.

Esto significa que las restricciones de la ZBE, si no se modifican, afectarían ana parte de la población que, por falta de alternativas, seguirá dependiendo de vehículos más contaminantes. De hecho, según datos del propio Ayuntamiento de Granada, a diario acceden a la ciudad entre 4.500 y 10.000 vehículos que no cumplirían los requisitos de la ZBE y podrían ser multados. Al mismo tiempo, el 70% de los turismos, camiones o furgonetas que entran en la capital granadina proceden de fuera por lo que no cumplen con el criterio de que sus dueños estén empadronados para sortear la restricción del domicilio fiscal.

Sin embargo, en la normativa municipal no se contempla un plan de renovación del parque móvil ni incentivos reales para la compra de vehículos menos contaminantes, lo que, según los municipios metropolitanos y los comerciantes, supone que las restricciones impactarán principalmente a quienes no pueden permitirse cambiar de coche. Sin medidas complementarias, la ZBE podría generar un efecto contrario al esperado, penalizando la movilidad sin reducir de forma efectiva la contaminación.

Malestar metropolitano

Ayuntamientos como el de Maracena, Armilla o Pulianas se han posicionado en contra de la ZBE con un listado de alegaciones en las que denuncian que la ordenanza ha sido diseñada al margen de los municipios vecinos, pese a que Granada forma parte de una gran aglomeración urbana. La queja principal, insisten, es que la ZBE penaliza a los residentes de los pueblos metropolitanos, ya que solo los vehículos empadronados en la capital podrán seguir circulando libremente, aunque sean más contaminantes que otros vehículos prohibidos.

Además, advierten de que la ZBE dificultará el acceso a servicios esenciales, como hospitales, y golpeará a trabajadores y autónomos que dependen de su vehículo. Señalan que los criterios de acceso no están realmente orientados a reducir la contaminación, sino a establecer una barrera administrativa entre Granada y su cinturón metropolitano.

Alfacar, Cúllar Vega, La Zubia, Pinos Puente y otros municipios afectados, también han trasladado alegaciones en la misma línea o están elaborando las suyas propias, exigiendo una coordinación real y la implementación de alternativas de transporte público accesibles antes de aplicar restricciones tan severas. Pero la oposición a la ZBE, tal y como está planteada, no solo proviene de gobiernos socialistas, sino que también municipios gobernados por el PP. Ese es el caso de Monachil, localidad a la que pertenece la estación de esquí de Sierra Nevada y que alegan, como el resto, que la implantación de esta zona de bajas emisiones provoca una desiguladad entre vecinos. La mayoría de los municipios metropolitanos se han posicionado en contra de la ordenanza.

Más allá de las quejas institucionales, los vecinos del área metropolitana tampoco ocultan su preocupación. Ángel, que vive en La Zubia, necesita trasladarse a menudo a la capital por motivos médicos, pero su vehículo no podrá circular por la futura ZBE: “No me compensa tener que comprarme otro coche para poder ir hasta Granada y aunque hay autobuses, no funcionan con la frecuencia que querríamos”. Algo parecido le sucede a Aarón, un joven estudiante de 24 años de Ogíjares que tiene un coche diésel anterior a 2006 y que no podrá tampoco ingresar a la ciudad de la Alhambra. “Me sale más rentable dejar de pagar el seguro porque mi vehículo solo me va a servir para moverlo por el pueblo y no tengo dinero para comprarme otro”.

María, vecina de Monachil, critica la falta de planificación y alternativas reales: “Vivo en Monachil y trabajo en Chana, Zaidín y distrito centro. Tener que utilizar transporte público me supone un extra de tiempo que no tengo, mi sueldo es bajo y no me puedo permitir comprarme un coche nuevo. Dicen que habilitarán zonas de aparcamiento en la periferia, ¿dónde? En la Chana, por ejemplo, la opción que hay es el polígono del Florido, que está a 15 minutos de mi puesto de trabajo”. Esta granadina dice entender “la necesidad de un planeta sano y ciudades más habitables, pero no pueden hacerlo sin dar opciones reales” y en Granada, sostiene, no las hay. “Somos miles de personas en todo el cinturón metropolitano”.

Preocupación entre los comerciantes

Por otro lado, los comerciantes del centro de Granada también muestran su preocupación por la implantación de la ZBE. Según la Asociación de Desarrollo Empresarial y Profesional de Granada, que representa al Centro Comercial Abierto de la ciudad, más del 80% de las ventas en el comercio del centro provienen de clientes de fuera de la capital. Con las nuevas restricciones, el 92% de los comerciantes cree que sus ventas caerán y un 3% considera que tendrá que cerrar. Así lo han plasmado unas alegaciones a las que ha tenido acceso este medio.

En ellas, denuncian que la ordenanza beneficia a las grandes superficies y perjudica a los pequeños negocios, ya que los vehículos de los clientes metropolitanos solo podrán aparcar en los aparcamientos limítrofes de la ciudad, lejos de las zonas comerciales que están en el centro histórico, pero cerca de aquellos grandes centros de ocio que sí están en municipios próximos como Armilla o Pulianas. También censuran, al igual que los municipios metropolitanos, que la ordenanza permita que coches contaminantes censados en Granada sigan circulando sin problema, mientras que vehículos más limpios pero empadronados fuera de la capital serán expulsados del centro.

Los comerciantes exigen una moratoria en la implantación de la ZBE hasta que se realice un estudio sobre su impacto en la economía local. Un estudio que también piden ayuntamientos como Maracena para que se establezca además qué zonas se ven más afectadas por la contaminación ambiental, de modo que se pueda establecer una ZBE que sea más limitada y que no afecte a prácticamente toda la ciudad. También proponen que cualquier cliente que use un aparcamiento en la ciudad quede exento de sanciones, para no desincentivar el consumo. Algo similar a lo que ocurre en ciudades como Madrid.

El Ayuntamiento, abierto al diálogo

Desde el Ayuntamiento de Granada rechazan las acusaciones y aseguran que la ZBE no impide la entrada a la ciudad, sino que simplemente obliga a los vehículos diésel de más de 20 años y gasolina de más de 25 a aparcar en los aparcamientos que se habilitarán para ello a las afueras de la ciudad. Insisten en que la medida es una exigencia de la ley estatal de Zonas de Bajas Emisiones, aprobada por el Gobierno de España, y que Granada tiene un problema grave de contaminación, con más de 30 días al año en los que se supera el límite de calidad del aire.

También defienden que el transporte público es una alternativa real, recordando que municipios como Armilla, Peligros o Maracena tienen un metro que los conecta con el centro de la ciudad. Eso sí, no se pronuncian sobre la propuesta de los comerciantes de permitir la entrada de clientes con coches si aparcan en los parkings del centro.

El Ayuntamiento matiza los datos que los comerciantes presentan en las alegaciones con su propio estudio de movilidad. Mientras que estos dicen que el 80% de sus ventas vienen de fuera, desde el Consistorio afirman que en realidad supone menos del 20% de los clientes del centro que llegan en coche privado y que, de ellos, solo un 7-8% se verían afectados por la ZBE, reduciendo la afección total a “un 1 o 2%”. Afirman, además, que han mantenido reuniones con representantes del comercio, pero que, en todo caso, están abiertos a estudiar ajustes.