Oncólogos denuncian presiones de una intermediaria de las aseguradoras privadas para que no prescriban terapias caras

Una intermediaria que contratan algunas aseguradoras llamada Atryl Health-Bienzobas está presionando a los oncólogos que trabajan para estas compañías privadas para que no prescriban a los pacientes tratamientos contra el cáncer que tienen un precio elevado, según ha revelado este lunes Abc, que ha tenido acceso a decenas de informes que intercambian los facultativos con “asesores oncológicos” de esta empresa dedicada a administrar parte de las tareas de gestión de este area médica.

Cuando esta empresa es contratada, los oncólogos que trabajan para las compañías aseguradoras deben pedir a estos asesores “que autoricen el tratamiento que consideran más adecuado para el paciente”. Los problemas aparecen, según recoge Abc, con tratamientos como anticuerpos monoclonales (Avastin o Panitumumab) que se administran por vía intravenosa y que son habituales en la sanidad pública.

Los argumentos para rechazar la autorización pueden ser varios: que “no es coste efectivo”, que las guías europeas consideran más eficientes otras terapias más baratas o que no están en ficha clínica, es decir, aprobadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), siempre de acuerdo a lo publicado por este medio.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) se muestra “preocupada” por las informaciones publicadas y lo considera un “problema de máxima relevancia para los pacientes que se ven afectados por las decisiones”. Su presidente, César A. Rodríguez, ha asegurado en un comunicado que hay un grupo de trabajo en marcha desde 2021 cuya tarea prioritaria era analizar este “problema” aunque todavía no hay “conclusiones”.

Sanidad se pronuncia

Para el Ministerio de Sanidad, que se ha pronunciado sobre esta información, “se trata del enésimo ejemplo de cómo la intromisión de un ente privado con ánimo de lucro en el ámbito de la asistencia sanitaria termina perjudicando a pacientes concretos”. “Lo hemos dicho por activa y por pasiva: eliminar el ánimo de lucro en la prestación de la asistencia sanitaria es el elemento fundamental para eliminar la existencia de intereses menos legítimos”, ha respondido el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, a preguntas de elDiario.es.

La ministra Mónica García también se ha pronunciado a través de X. “Que empresas presionen a oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio”, ha dicho añadiendo que el ministerio “defiende la sanidad pública”, en la que “los médicos deciden según la evidencia científica y no según beneficios económicos”.

Los informes a los que ha accedido Abc muestran casos de DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna, aunque hay más aseguradoras que tienen contratados sus servicios. Todas niegan conocer las presiones que relatan los oncólogos. Atryl Health-Bienzobas defiende que son los médicos los que tienen la última palabra sobre los tratamientos.

Entre los pacientes de estas compañías también hay funcionarios públicos que eligen la sanidad privada a través de Muface, que acaba de renovar su contrato con la administración pública con una subida sustancial de las primas. Hasta ahora prestaban este servicio DKV, Asisa y Adeslas, aunque la primera se ha descolgado para las próximos tres años.

Los seguros de salud no siempre cubren todos los tratamientos. elDiario.es ha recogido casos de compañías que denegaron terapias de última generación contra el cáncer con un precio alto a sus pacientes, que finalmente terminaron siendo atendidos por la sanidad pública. Un informe del Ministerio de Sanidad advertía hace unos meses de esta práctica consistente en derivar pacientes económicamente no rentables al sistema público. Se refería a los funcionarios públicos que habían elegido Muface y eran atendidos por la sanidad privada.