La familia enfrentada al Ayuntamiento de Madrid por querer expropiar su casa para una inmobiliaria denuncia “coacciones”

“Es como si una mano invisible se hubiese metido en nuestra casa, en nuestra economía y en nuestra intimidad”. Beatriz Primo Prados resume así cómo se siente después de los últimos capítulos en su lucha contra el Ayuntamiento de Madrid y un Agente Urbanizador. Una batalla judicial y administrativa por evitar la expropiación de la casa y el terreno de su familia en Aravaca, una de las zonas residenciales con mayor renta de la ciudad, que podría acabar en manos de una sociedad inmobiliaria privada.

Su abuela, su tía y su madre, Beatriz Prados, adquirieron en 1987 una parcela de 4.500 metros cuadrados residenciales para crear una especie de arcadia familiar en el número 17 de la calle de las Golondrinas. Pero en 2004, el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón puso en marcha una licitación “sin consentimiento” para urbanizar el jardín de la casa y encima de ella. Adjudicó el proyecto a una empresa privada bajo la etiqueta de Agente Urbanizador, Iniciativas En Áreas De Planeamiento S.L. (Inaplan), que edificaría para sus propios intereses. Gallardón aprovechaba para ello el paraguas legal proporcionado por La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2001 e inspirada en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunitat Valenciana (popularmente conocida como Ley Zaplana).

Las dos normas autonómicas, criticadas con dureza en un informe del Parlamento Europeo y derogadas por su impacto “lesivo” en la población, impulsaron la figura del Agente Urbanizador: una persona o entidad que podía presentar planes de desarrollo urbanístico sobre suelos de terceros, siempre y cuando los dueños de ese suelo no hubieran actuado en ellos durante un tiempo determinado. Una concepción “abusiva”, que según Beatriz Primo supone en la práctica “expropiaciones que acaban en otras manos privadas”. Siempre ha defendido, además, que en su caso ni siquiera se cumplían las características de aplicación de la ley: habían solicitado una licencia de obra en el solar y no se encontraba inactivo desde un punto de vista urbanístico.

Lo que nos ofrecen ni siquiera se corresponde con el valor de expropiación, pero está claro que son coacciones para empujarnos a una mala venta y a buscar una salida por la vía rápida

En medio de un conflicto judicializado por varias vías, Beatriz denuncia en conversación con Somos Madrid que está recibiendo “coacciones” por parte del Agente Urbanizador: “Me ha enviado una oferta vinculante para adquisición de la finca, con un notario que se ha personado en nuestra casa. Para responder me dan solo hasta el 1 de abril. Lo que nos ofrecen ni siquiera se corresponde con el valor de expropiación, pero está claro que son coacciones para empujarnos a una mala venta y a buscar una salida por la vía rápida”. Le trasladaron que, en caso de no acceder a la oferta, se enfrenta a “un desahucio de registro y a la expropiación”, previo estudio caso del caso por los servicios sociales.

“Nosotras vamos a rechazar la oferta de pleno”, sentencia pese a este ultimátum. Para Beatriz se trata de una escalada más en la “pelea dialéctica y jurídica” que mantienen con Inaplan y con el Ayuntamiento de Madrid. Cree que el objetivo es presionarlas para que cedan antes de que los tribunales dicten sentencia sobre el caso: “Confío en la Justicia, pero no en la administración”.

Un “torpedeo constante” que no amedrenta (pero sí inquieta) a madre e hija

La resolución judicial que está por venir no afecta sin embargo al fondo de la cuestión, sino a supuestos defectos de forma que podrían tumbar todo el planeamiento. Beatriz debe salvar un escollo originado cuando fue víctima, según cuenta, de una estratagema ejecutada por anterior equipo legal, que desde 2014 “no presentó una sola alegación en el período de información pública del proyecto”. Las afectadas acabaron cambiando de letrados y el 7 de diciembre de 2023 presentaron un recurso de reposición por diferentes errores de tramitación, plazos y caducidades en el expediente administrativo y en el acuerdo del pleno municipal del 30 de octubre de 2023.

En dicha sesión plenaria, la mayoría absoluta del Partido Popular desestimó las alegaciones de la familia al expediente que autoriza a Inaplan a ejecutar el desarrollo urbano. “En el Convenio Urbanístico aprobado no se revela la fórmula de cálculo ni los coeficientes de homogeneización, lo que podría permitir manipulaciones. No se elabora un plan de negocio ni una cuenta de resultados que justifique adecuadamente la retribución del adjudicatario. Carece de mecanismos de control para garantizar una retribución justa al Agente Urbanizador”, detallan los servicios jurídicos de las todavía propietarias del terreno en Aravaca.

“Pero el mismo día que presentamos el recurso de reposición, mi abogado anterior presenta a mi nombre un recurso contencioso-administrativo. Ramón Caravaca [vinculado a Luis Rubiales y la antigua cúpula de la Real Federación Española de Fútbol] lo hizo sin nuestro conocimiento, autorización ni encargo. A la semana su procurador me pidió incluso dinero por las costas”, narra Beatriz.

“Nada más enterarnos pedimos retirar el contencioso-administrativo, aunque ya se había diligenciado. Hay una mala praxis por parte de ese abogado, contra el que emprenderé las acciones oportunas, pero lo más indignante es que a ojos del Ayuntamiento ha existido duplicidad de recursos. Como consecuencia, no se ha entrado a valorar el contenido del recurso de reposición. La realidad es que durante 25 días esa duplicidad no existió y he documentado la retirada del contencioso, ya efectuada cuando el 8 de enero el Ayuntamiento no valoró mi recurso de reposición por esa supuesta duplicidad. Para la administración no debe caber suspensión alguna de este procedimiento judicial, no pueden obviar mi escrito ni seguir adelante con la tramitación de la expropiación”, expone la afectada.

Si el Ayuntamiento no toma en consideración dicho recurso, no pueden aplicarse las medidas cautelares que Beatriz y su madre reclaman para paralizar la expropiación. Habla incluso de emprender un “posible proceso penal por prevaricación del Ayuntamiento, que no puede omitir la retirada del segundo recurso y, por tanto, la validez del primero”. Fuentes del Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida se limitan a indicar a este periódico que “el tema está judicializado”, mientras que desde Inaplan no responden por el momento las consultas trasladadas por este periódico.

Lo que la familia ha presentado ya es una nueva demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, ya vista para sentencia, que busca obligar a la administración a reconocer la no duplicidad de recursos. “Esto permitiría que se analice el fondo del escrito de reposición y que se resuelvan los agravios planteados”, apunta Beatriz.

No en vano, según la afectada la celeridad y presiones de Inaplan puede deberse a que la defensa de la familia Primo Prados ha remitido ya al juzgado un escrito de conclusiones, lo que implica que la instrucción entra en su fase final. Lo hizo el pasado 3 de marzo, dos semanas antes del requerimiento notarial que la inmobiliaria envió a Beatriz. Denuncia un “torpedeo constante” por parte de Inaplan y el Ayuntamiento, que le impide “hacer valer los mismos derechos que tiene cualquier propietario y cualquier persona”. Apostilla además que “no es una cuestión monetaria”, aunque las cantidades que les ofertan “en ningún caso hacen justicia a lo lesivo de la situación”.

El temor es, en definitiva, que “se inicie la maquinaria de la expropiación antes de la sentencia”, que esperan para junio o julio. Recuerda que la razón de ser en su lucha “de un David contra Goliat” es que “nunca se ha dado la situación de que el Ayuntamiento de Madrid expropie con dinero público para un interés privado, sería un caso insólito”. Piensa sobre todo en su madre, que vive “con miedo”: “Cuando te coaccionan sientes un mal inminente sobre ti y sobre tu devenir”. Y, pese a todo, su intención es quedarse: “Irnos sería un ultraje a la memoria de mi abuela y de mi familia”.